No hubo armisticio. El Gobierno se quedó ayer prácticamente solo en su intento por alcanzar un pacto social y político por la Educación, pero el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, corroboró su intención de impulsar todos los objetivos incluidos en la propuesta.
Los partidos políticos, las comunidades autónomas y los agentes educativos estaban emplazados a fijar ayer su posición respecto a ese pacto educativo, pero la jornada comenzó con el "no" rotundo del PP.
Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, explicó en rueda de prensa que el pacto "no es posible" porque el Gobierno no ha querido reformar un modelo educativo "fracasado" y porque un pacto de Estado debe ser "ambicioso y en profundidad", cualidades que a su juicio no contempla la propuesta del Gobierno. Según el PP, el Ministerio de Educación no ha atendido "ninguna" de sus propuestas de fondo, entre ellas la de garantizar que el castellano sea lengua "vehicular" de la enseñanza en toda España y la de "ampliar" las libertades educativas. Respecto a Ley de Educación de Cataluña, el PP señaló que no es posible que el futuro Estatuto del Docente esté supeditado a lo que diga una norma autonómica, Por este motivo exigieron el "impulso inaplazable" de reformas y medidas pedagógicas y organizativas para combatir "eficazmente el fracaso escolar y fomentar la calidad educativa", así como implantar un "verdadero" sistema nacional de evaluación" no muestral de los alumnos de sexto de primaria y tercero ESO y de información transparente para un diagnóstico correcto. El PP también exigió la elaboración urgente de un plan extraordinario de FP para atajar el desempleo juvenil, que afecta ya al 43% de los menores de 25 años, argumentó.
Tras estas palabras, el ministro Gabilondo lamentó la postura de los populares pero insistió en sacar adelante sus reformas: "Nos va a costar más sin el PP, vamos a ir quizás más lentos y quizás menos lejos como país; tardaremos más en lograr los objetivos y tal vez serán menos estableces y sostenibles; espero que no lleguemos demasiado tarde", aseguró. El titular de Educación agregó que "inmediatamente" convocará a la conferencia sectorial de educación, la de universidades y las mesas con los agentes educativos. También aseguró que "amplios sectores" educativos, los partidos y los ciudadanos apoyan el documento y que se seguirá trabajando para los consensos, pero reconoció que el escenario "cambia un poco, pero claramente" sin el PP porque ya no es un Pacto de Estado.
Tras conocer la posición del principal partido de la oposición, el PNV aseguró que el Pacto "ya no tiene ningún sentido", y pidió al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que lo descarte y que concrete las 22 reformas legislativas que pretende llevar a cabo para mejorar el sistema educativo. A esa negativa se sumaron también Izquierda Unida o el BNG, mientras que CiU no ha fijado su posición al respecto y no hará pública su postura hasta la próxima semana. La responsable de Educación de Izquierda Unida, Loles Dolz, consideró que el documento es un "cheque en blanco" que no contempla mejorar la calidad de la enseñanza pública ni fomenta la participación democrática de los centros educativos. Mientas, la diputada del BNG en el Congreso Olaia Fernández Dávila, trasladó al ministro las dos razones fundamentales de la negativa de este partido: "la insuficiente apuesta por un modelo educativo público y la cuestión lingüística, ya que -dijo- no se hace un reconocimiento de los derechos lingüísticos" en el texto.
Entre los agentes sociales de la comunidad educativa que han fijado posición está la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, mayoritario en el sector de la Enseñanza, que ha valorado algunas de las medidas incluidas en el texto propuesto por el ministerio, aunque ha expresado "dudas razonables" sobre la suficiencia de la financiación propuesta. Según el citado sindicato, un pacto de Estado de estas características sólo sería viable si es suscrito por el conjunto de las fuerzas políticas del país y los gobiernos de las comunidades autónomas, ya que en caso contrario no se darían, a juicio de esta central sindical, las condiciones necesarias para su aplicación y desarrollo, e implicaría que no pueden apoyarlo.
