El equipo de recursos humanos de la Consejería de Educación se sienta hoy frente a sus homólogos del ministerio de Ángel Gabilondo para anunciar dos cosas: que Andalucía incumplirá el límite impuesto por el Estado al número de funcionarios docentes, cubriendo las vacantes de todos los profesores que se jubilen este año -entre 1.500 y 2.000, según estima la consejería-. Y que además creará 680 plazas nuevas, de las cuales 251 saldrán a concurso en junio junto a las vacantes. Andalucía sacará la oferta de empleo público más abultada de España (casi 3.000 plazas de Infantil y Primaria). Con esa decisión se enfrenta jurídicamente al Estado y políticamente al resto de comunidades, sobre todo a las que asumirán el límite estatal y a las que no convocarán oposiciones.
Pero el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, sabe que Gabilondo no es su principal interlocutor en este tema. El mayor problema que alberga el Ministerio de Educación estos días no está entre sus competencias. El departamento de Gabilondo se reunión con las comunidades el 15 de febrero para pedirles que "hicieran lo posible por sacar una oferta de empleo dentro del límite impuesto". Andalucía les recordó que es la que más crece en alumnado, y si disminuye su plantilla de maestros al mismo nivel que el resto, tendrían que concertar más colegios católicos para no masificar las aulas. El ministerio dice que la lectura andaluza es "lógica", pero oficialmente no puede apoyar un trato distinto al del resto.
En realidad el interlocutor de la Junta es el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. La oficina de Manuel Chaves es responsable de velar por el control del gasto en las administraciones y, en este caso, de gestionar un conflicto de competencias. En pocos días se reúne la comisión de seguimiento normativo autonómico, que analizará si la plantilla andaluza de maestros (blindada en las cuentas de la Junta) transgrede la Ley de Presupuestos Generales. De ser así, al Estado le quedaría un mes para recurrirlo en los tribunales (tenía 3 meses desde su aprobación). Aunque siendo del mismo signo político, el Gobierno podría adoptar la vía de diálogo que recoge la Ley del Tribunal Constitucional (art. 33.2) para evitar el litigio por invasión de competencias.
En ese caso, el Estado deberá proponer a la Junta, antes de un mes, un "proceso de negociación" que obligará a constituir una "comisión bilateral para resolver las discrepancias en el plazo de nueve meses". Sea como fuere, la Junta está dispuesta a defender su posición ante un juez. De la Chica cree que en un litigio entre la Ley de Presupuestos y la Ley Orgánica de Educación (LOE) "no está tan claro qué pesa más". El conflicto, según Andalucía, es que para cumplir con los límites presupuestarios se incumpliría con los objetivos de calidad de la LOE.
Sin dinero. Hay dos razones por las que algunas comunidades no convocarán oposiciones al cuerpo de maestros: una depende de ellas, que es la falta de dinero, y la otra depende del Ministerio de Hacienda, que por primera vez ha impuesto un límite del 30% en la tasa de reposición para profesores: de cada diez jubilados este año, sólo podrán sustituirse tres. "Las regiones del PP pueden abrir más aulas concertadas, pero un Gobierno socialista no pasará por ahí", dicen desde la consejería.
La Junta cree que el límite de la tasa de reposición se ha puesto para que las regiones más endeudadas salven la cara. Al hacer estos cálculos, algunas comunidades vieron que su oferta de empleo sería casi testimonial (en Canarias menos de 75 plazas). Por eso Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y Asturias no convocarán oposiciones. Hasta ayer estaba también Madrid, que ha rectificado y anuncia que ignorará el límite de maestros del Gobierno, igual que Andalucía.
Éste es el último curso con un modelo de prejubilación con incentivos para profesores de 60 años (jubilación LOE), lo cual ha hecho que en Andalucía se acojan más docentes que otros años: maestros de 61, 62 y 63 años que hasta ahora habían desechado la oferta de retirarse antes de la fecha tope (65 años). Mientras más aumente el número, más crecerá la oferta de empleo y la tensión entre Junta y Gobierno.
