El Defensor del Pueblo José Chamizo se reunió con su gabinete jurídico para estudiar si el sistema informático que usa Educación para registrar la violencia escolar rebasa la Ley de Protección de Datos, como dice la patronal concertada. FERE dice que la Junta les permitirá preservar el anonimato de sus alumnos.
Al pedirle a 83 colegios concertados de Sevilla que desobedecieran la normativa de Educación que les obliga a grabar los casos de violencia escolar en el sistema informático Séneca, la Federación de Escuelas Religiosas en Andalucía (FERE) ha encrespado a la consejería, que reaccionó al instante amenazando con sancionar a los centros que hagan caso.
La respuesta de Educación fue tajante porque descubrió que había centros sostenidos con fondos públicos que llevaban tres semanas desoyendo la ley autonómica "en perjuicio del control y prevención de los conflictos en el aula". Pero, al margen de las formas, la patronal ha abierto un debate sobre la privacidad de los datos del alumno que aparecen en el Séneca.
El secretario regional de FERE, José María Fernández, recibió ayer con "desconcierto" las palabras amenazantes de la consejera Teresa Jiménez. "Estábamos inmersos en una negociación. Nunca rechazamos grabar los casos de agresiones de nuestros colegios, pero dijimos a la consejería que no queríamos dar nombres y apellidos del alumno, y ellos parecieron entenderlo.
No sé a qué viene ahora amenazarnos con sanciones", explicó ayer Fernández. FERE quiere que la Junta les abra los filtros del sistema Séneca para poder insertar códigos cifrados en vez de nombres y apellidos. "De esa manera se aseguraría que sólo la Junta puede descifrar los códigos que ocultan la identidad del niño", dice.
Por ahora, la postura de Educación se queda en la advertencia de expedientar a los colegios católicos que oculten datos. Jiménez aseguró que la Junta preserva la confidencialidad de los alumnos y que el Séneca está amparado por el Decreto de Convivencia, aprobado en el Parlamento andaluz, y por la Ley Orgánica de Educación, aprobada en el Congreso. No reconoce ninguna negociación con FERE ni alternativas al "estricto cumplimiento de la ley".
Pero no todos lo tienen tan claro. Chamizo reconoció ayer que "grabar los casos de violencia con nombres y apellidos podía servir al colegio en caso de traslados, pero también podía estigmatizar al alumno". "Educación y la patronal concertada deben acercar posturas, negociar, llegar a un acuerdo", dijo, aunque reconoció que la LOE ampara la decisión de la consejería. "Tienen razón los dos. Lo que dice la consejera es muy razonable, y el temor de los centros católicos también", sentenció.
Entre los sindicatos de la enseñanza la decisión "unilateral" de la patronal concertada de negarse a grabar los datos de violencia escolar no ha sentado nada bien. Anpe ha llegado incluso a pedir "la revisión de los conciertos educativos por competencia desleal con la escuela pública", explicó Antonio Brea, de Anpe. Sin embargo, sobre la confidencialidad de la identidad del alumno agresor hay más dudas.
El secretario regional de CC.OO, José Blanco, aseguró "no estar seguro de si es necesario grabar el nombre y apellido del alumno", aunque reconoció que "es importante conocer qué tipo de agresiones, dónde y en qué circunstancias, y cuántas veces se han dado para que Educación pueda corregirlas y prevenirlas".
El coordinador de UGT Juan Carlos Hidalgo, en cambio, no duda de la confidencialidad del Séneca. "Sólo el equipo directivo, la inspección y la consejería pueden acceder a esos datos. Y hay que poner nombre y apellido porque algún colegio podría grabar datos de agresiones para demandar más personal a la Junta", dijo.
