La Delegación de Educación de Sevilla ha destituido al menos a seis interinas embarazadas después de que pidieran la baja laboral por riesgo de aborto. Al darse poco tiempo entre la toma de posesión y la baja de las maestras, la Junta entendió que ese riesgo "no había sido sobrevenido" y que pudo ser "ocultado".
Elena Rivas, de 38 años, llevaba casi seis meses de embarazo cuando la Delegación de Educación la llamó para sustituir a una profesora en el colegio Carlos V de Torreblanca. Le ofrecieron la plaza el 25 de septiembre para incorporarse un día después. Ese día tuvo que presentar la documentación que se les exige a los interinos: "una declaración expresa de disponibilidad para el puesto de trabajo y una certificación médica de hallarse en condiciones para la impartición de la docencia". Todo en orden. Sin embargo, 13 días después de que empezase a impartir clases, Elena sufrió una hemorragia, fue al médico y éste determinó que sufría una amenaza de aborto. Había tenido dos anteriormente. Elena solicitó la baja el 8 de octubre y tres días después Educación le exigió que justificara su baja ante el servicio de inspección médica de la Junta. La doctora le recibió el 4 de diciembre y la delegación le comunicó su despido 24 horas después.
El caso de Elena se ha repetido en Sevilla con al menos cinco maestras más, según resoluciones a las que ha tenido acceso El Correo. En todas se aprobó el cese de las interinas embarazadas porque la Junta, a tenor del informe médico, presumió que la causa de las bajas -amenaza de aborto, embarazo de riesgo, placenta previa o enfermedad larga- "no había sido sobrevenida" y pudo "ocultarse". Fuentes de la Junta aseguran que, "la fecha de la baja está demasiado cerca de la toma de posesión", por lo que en algunos casos la delegación entendió que hubo "engaño", "mala fe" o "picaresca".
"Recibimos una cascada de ceses de embarazadas que derivamos a los tribunales. Ayer nos llamó la Junta porque ha decidido volver a revisarlos uno a uno. Esperemos que los dejen sin efecto", explicó ayer Alfredo Troncoso, portavoz del Sindicato de Interinos (Sadi). El delegado confirmó que hoy se reunirán con los sindicatos para abordar este tema.
Conflicto legal. La delegación fundamenta el despido de las seis interinas en una resolución dictada por la Consejería de Educación en 2004 (Bases aplicables al profesorado interino). Pero además, las notificaciones de despido de la Junta se apoyan en dos sentencias, una de la Audiencia Nacional (1999), y otra del TSJA (2000), que dan la razón a la Junta en casos idénticos al de las seis interinas sevillanas. Ambos fallos judiciales justifican los despidos por la "especial urgencia para cubrir una sustitución". "La Administración estaría obligada, si persiste esa urgencia, a proveer el puesto de que se trate, cesando al interino y designando a otro", dice.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia posterior (2001), dándole la vuelta a la tortilla y fallando a favor de una interina que pidió amparo al ser despedida. El TC entendió que el cese debía explicarse por unas normas, pero esas normas no podían entenderse "en términos absolutos". "Tal posibilidad no resultará amparada si es ejercida con motivación torpe, o con abierta vulneración de derechos fundamentales, como tratos desfavorables basados en el embarazo, que al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo". El fallo creó jurisprudencia y es el que ahora esgrimen los abogados del Sadi contra Educación. El artículo 29 de la Ley andaluza de Igualdad, aprobada hace un mes, dice "se considerará discriminación por sexo todo trato desfavorable a las mujeres, por embarazo o maternidad".
