El consejero de Educación, Luciano Alonso, mantiene desde que llegó al cargo un pulso en la distancia con los sindicatos de profesores. Alonso no se sienta personalmente en la mesa sectorial de Educación para negociar cualquier cambio normativo en el sistema escolar andaluz, su silla la ocupa la Secretaria General de Educación, Elia Maldonado, un puesto que el consejero creó expresamente para delegar la compleja política educativa andaluza. Sin embargo, Alonso ostenta el discurso político de su departamento y, desde el principio, ese discurso ha sido un rechazo duro y frontal contra la llamada ley Wert. Los sindicatos le han reprochado que «haya sido el primer consejero en cuestionar la nueva ley educativa, y el primero en aplicarla».
Esa crítica se agudizó ayer cuando el sindicato mayoritario CCOO criticó a la Consejería de Educación por haber publicado recientemente unas instrucciones, dirigida a todos los colegios andaluces, con indicaciones para aplicar e implantar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en esta comunidad el próximo curso escolar 2014-15. El borrador de estas instrucciones fue presentado el pasado día 9 de abril en la mesa sectorial de Educación, «pero no ha sido negociado con los representantes de los trabajadores», dice el sindicato en un comunicado.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, explicó ayer que con la publicación «de forma unilateral» de estas instrucciones, la Consejería de Educación, «una vez más evitando el debate, vuelve a ignorar a la comunidad educativa andaluza que ha manifestado de modo contundente su rechazo a la Lomce, evidenciando que el Gobierno andaluz no negocia posibles alternativas y asume sin más la implantación de la citada ley».
El sindicato, partiendo del ámbito competencial que posee el Parlamento andaluz, elaboró y presentó el pasado febrero un documento propio con 20 medidas para evitar la implantación de la Lomce en Andalucía con propuestas «posibles y viables», desde el punto de vista legal y legislativo, que podrían evitarla aplicación de las medidas, a su juicio, más negativas de esta ley.
FP BÁSICA. Según CCOO, estas instrucciones incluyen medidas «inviables», ya que los centros educativos «tendrán dificultades para generar la escolarización que se contempla en el caso de la Formación Profesional Básica u otras medidas que generan indefinición jurídica». La FP Básica viene a sustituir a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), cursos para alumnos menores de 16 años con dificultades de aprendizaje. La oferta de estudios de este nuevo ciclo de dos años no es homologable al cien por cien a los PCPI, y aún se desconoce en qué institutos se impartirá y de qué cursos podrán matricularse los interesados. El año pasado había más de 6.500 estudiantes inscritos en los PCPI. El sindicato urgió a que la consejería negocie la creación de regulación propia, «especialmente en el marco de las indefiniciones y contradicciones que tiene la propia ley sobre la atención a la diversidad o la escolarización que podrían regularse con criterios propios desde el ámbito legislativo que posee la Junta de Andalucía». «Ello evitaría que se aplicasen las medidas más dañinas que contempla la Lomce», subrayó Blanco.
CCOO advierte de que es necesario consensuar un acuerdo de garantías para el profesorado ante la nueva ley, definir la carga lectiva para el apoyo y refuerzo educativo, crear un mecanismo que haga ágil las sustituciones y contratación del profesorado, especialmente del profesorado extranjero que contempla la reforma educativa, evitándose la discriminación por razones de nacionalidad, o regular la situación de numerosos trabajadores contratados a través de empresas externas y en «clara» cesión ilegal que posee el sistema educativo andaluz.
El sindicato está estudiando un calendario de movilizaciones para desarrollar en breve que fuercen a la Consejería de Educación a «iniciar un proceso negociador dentro del marco competencial que posee que es amplio y que permitiría el desarrollo de diversas acciones, especialmente legislativas, que eviten los graves perjuicios que conlleva la nueva ley educativa para los trabajadores de los centros educativos, el alumnado y el propio sistema educativo».
