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Educación, empleo y deuda copan las cuentas "de resistencia

La Junta aprueba un Presupuesto restrictivo para cumplir con el 0,7% del déficit y sacrifica otro 20% la inversión pública para no desmantelar servicios

el 31 oct 2012 / 11:39 h.

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La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo (c), a su llegada al Parlamento andaluz en Sevilla, donde ha entregado los presupuestos de Andalucía.

El Gobierno andaluz aprobó ayer las cuentas más restrictivas de su historia, un "Presupuesto de resistencia", en palabras de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Prácticamente todas las partidas bajarán el próximo año para poder cumplir con la exigencia de situar el déficit en el 0,7%. Las cuentas de 2013, las primeras elaboradas al cien por cien entre los socios del Gobierno andaluz -PSOE e IU- pretenden ser de "contraste, que no de confrontación" respecto a los números presentados por el PP.

Ascienden a 30.706,7 millones, un 4,1% menos que el año anterior. El empleo, el mantenimiento de los servicios sociales, la educación y la lucha contra la pobreza son sus prioridades. Para atender estas políticas, la Junta vuelve a sacrificar la inversión pública, que cae otro 20% y que se queda en niveles raquíticos: 3.814,1 millones de euros. Desde que comenzó la crisis, la obra pública se ha desplomado más de un 60%.


El quinto Presupuesto de la crisis está estrechamente condicionado por la política de austeridad impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy y por Bruselas. Las comunidades, que este año han tenido que hacer ajustes extra para situar su déficit en el 1,5% del PIB, no podrán rebasar el año próximo el 0,7%, mientras que el Estado podrá llegar al 3,8%. Este reparto, que "no tiene lógica alguna", según la consejera de Hacienda, aboca a las autonomías a desmantelar la red de servicios públicos, como ya están haciendo algunas gobernadas por el PP -ayer Madrid se sumó al euro por receta que ya implantó Cataluña-.


La Junta garantizó que sus cuentas para 2013 "blindan el Estado del Bienestar" y son "netamente sociales". Eso sí, la austeridad manda y hará caer casi todas las partidas. Las consejerías dispondrán de un 10,7% menos de recursos, lo que se traduce en 2.952 millones menos. Los departamentos que más bajan son Turismo (36,1% menos); Economía (15,7%, que Martínez Aguayo achacó a la caída en la inyección del Gobierno por políticas activas de empleo) y pensiones asistenciales (26,3% menos, un gasto que disminuye año tras año, explicó). El Presupuesto baja en total un 4,1% respecto al de 2012, pero estas cuentas sufrieron un severo ajuste en primavera para cumplir con el déficit. Se recortaron 2.700 millones. El Presupuesto de 2013 suprime otros 400 millones, según cálculos de Hacienda. En plena crisis, las cuentas de 2012, que se diseñaron en año electoral, ascendieron a 32.020 millones, un 1,1% más que el anterior ejercicio. Pero se toparon con la tijera del Ministerio de Hacienda para poner coto al déficit.


La deuda se come buena parte del Presupuesto. El año que viene Andalucía pagará 2.532 millones de euros en amortizaciones de su deuda, una partida que crece el 75% y que representa ya el 8,2% de las cuentas. La Junta, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno central, acude al máximo endeudamiento permitido -que se sitúa alrededor del 15% del PIB- pero el compromiso de no desbordar un déficit público de 0,7% hace que caigan los ingresos por esta vía y se acopiarán por endeudamiento 1.028 millones.

previsiones negativas. El Gobierno andaluz hace una previsión mas negativa que la del Estado sobre la evolución de la economía y augura un retroceso del PIB del -1,2%. La consejera eludió dar cifras sobre cuánto aumentará el paro y eso que el empleo es uno de los pilares del Presupuesto. En una comunidad que soporta una tasa de desempleo del 35,42%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el Ejecutivo de José Antonio Griñán destinará más de 1.000 millones para intentar reflotar el empleo. De estos, 177 millones son para un plan de choque; 60 millones para un programa de acción social ligado a los ayuntamientos (una aportación de IU); 78,5 millones para el fomento del empleo agrario; 45 millones para la rehabilitación de viviendas; y 10 millones para movilidad sostenible (carriles bici) en municipios.


Educación sigue siendo la gran prioridad del Gobierno de coalición. A ello se destinarán 7.451 millones (que incluyen los 1.420 millones de universidad), casi un 10% menos que en 2012. Esta bajada se explica básicamente por la pérdida de profesores internos (4.500 menos) al aplicarse el aumento de la jornada lectiva ordenada por el Ejecutivo de la nación. La Junta afirmó que mantendrá las guarderías (no se prevén nuevas plazas), los libros de texto gratuitos y el transporte escolar, y defendió que las becas suben un 7%. La sanidad pública copa 10.086 millones del Presupuesto andaluz. Junto a educación suponen el 32,4% y el 44% de los recursos de todas las consejerías, respectivamente. "Nosotros marcamos las prioridades. Ahora no es el momento de hacer más kilómetros de autovía, sino de preservar los servicios sociales", dejó claro Martínez Aguayo. En el Presupuesto desaparece la inversión público-privada que tan escaso éxito ha tenido en obra pública. Para el metro de Málaga se destinan 50 millones y para el de Granada, unos 200 millones.


El gasto de personal cae un 8,3% -por el aumento de la jornada lectiva en Secundaria y por el límite de fijar la tasa de reposición en el 10%- y los financieros, un 30,2%. En cuanto al dinero que la Junta transfiere a las empresas públicas, la consejera explicó que las vinculadas a los servicios sociales (hospitales y educación) bajarán un 7% y el resto, un 11%. Aguayo eludió aclarar si habrá despidos y lo enmarcó en cada ente publico. "Será la responsabilidad de cada empresa pública", matizó.


La Junta pretende amortiguar la caída estrepitosa de ingresos con un plan de lucha contra el fraude fiscal, con el que quiere recaudar 240 millones. Es la tercera vez que el Ejecutivo andaluz se encomienda a ello. Las cuentas no incluyen nuevos impuestos, aunque la consejera reconoció que se está estudiando la propuesta de IU de gravar a las grandes superficies comerciales. El Presupuesto para 2013 vuelve a confiar en la venta de edificios, una operación hasta ahora fallida.

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