El abogado de la Consejería de Educación en el recurso de una familia de Huelva contra un manual de Ciudadanía ha solicitado al juez que archive la causa, al ver que recurrieron una carta "sin valor administrativo" donde se decía que Inspección estudiaría el libro. La Fiscalía cree que esto "bloqueará" el recurso y obligará a la familia a empezar desde cero.
El polémico discurrir de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) por los tribunales andaluces no deja de dilatarse en el tiempo, con la consiguiente incertidumbre que eso provoca en las aulas. La Fiscalía cree ahora que un "defecto de forma" en el último recurso presentado contra uno de los manuales de EpC (de la editorial McGraw Hill) impedirá que el TSJA pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto. De ser así, la causa le será devuelta a la familia de Huelva que denunció parcialidad en el manual. Eso paralizará el recurso, al menos de forma provisional, hasta que los denunciantes corrijan los fallos de procedimiento y vuelvan a presentarla ante los tribunales. Entonces el asunto retornará al punto en el que se suponía estaba ahora, cuando el Alto Tribunal debe decidir si el alumno puede ausentarse de la clase de EpC hasta que los jueces determinen si el libro que usa en su colegio vulnera sus principios morales y religiosos.
La familia Flores Cano, de Bollullos par del Condado, fue la primera que objetó contra una asignatura obligatoria en España, alegando que EpC pretendía "adoctrinar" a uno de sus seis hijos con ideas contrarias a sus creencias. Durante un año, su denuncia y la de otras familias fueron ascendiendo por la pirámide judicial del país hasta llegar al Tribunal Supremo, donde se enfrentaron dos sentencias regionales contradictorias: la andaluza, a favor de la objeción, y la asturiana, en contra.
El Supremo concluyó que la objeción a Ciudadanía era ilegal y que en el diseño de la asignatura no había adoctrinamiento. Pero añadió un apunte que dejó una puerta abierta a la polémica: podía ser que la redacción de los libros de texto o la forma de enseñar del profesor sí fueran perniciosas para la moral de los alumnos.
Los Flores Cano se agarraron a esa idea y enviaron al viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, una petición para que su hijo no asistiera ni fuera evaluado de EpC, alegando que el libro que usaban era adoctrinante. El viceconsejero les respondió en una comunicación -como hizo con otras familias objetoras- para explicarles que su hijo debía cursar EpC, porque así lo había dictaminado el Supremo. Pero que en lo relativo al libro de texto, lo enviarían al servicio de Inspección para estudiar si realmente había contenidos ideológicos.
Aquí es donde, aparentemente, los Flores Cano cometieron un error al apresurarse a pedir amparo en los tribunales. La familia presentó la carta al TSJA para solicitar como medida cautelar que se eximiera a su hijo de la asistencia EpC, y anulara la decisión del viceconsejero. Para reforzar sus argumentos aportaron el manual "adoctrinante" y pidieron que fuera impugnado.
El problema es que la carta del viceconsejero no era tal decisión, sino una mera respuesta informativa, y por tanto no se podía recurrir porque no tenía "valor administrativo", según la Fiscalía. La resolución vendría después, una vez que la Inspección concluyó que el libro era imparcial. Para los padres el resultado de la carta era el mismo que el que después apareció en la resolución. Pero el abogado que representa a Educación pidió al juez que archivara el caso porque la carta no era una decisión administrativa susceptible de ser recurrida en los juzgados de lo Contencioso.
La Fiscalía cree que el TSJA aceptará un defecto de forma y bloqueará el recurso. Educación ha logrado así una prórroga indefinida. Cuando al final se presente el recurso, si es admitido a trámite, los jueces tardarán "entre tres y cuatro meses" en resolver. Hasta entonces, el hijo de los Flores Cano arrastra un suspenso.
