El Ministerio de Educación está barajando la posibilidad de subir la subvención económica a los colegios concertados que más alumnos inmigrantes y discapacitados escolaricen. Es más, aceptaría autorizar nuevos conciertos si el centro escolar se comprometiera a matricular a más estudiantes con dificultades de aprendizaje de distinto tipo, lo cual incluye a extranjeros de origen humilde y a chicos con alguna discapacidad física o psíquica.
El ministro Ángel Gabilondo puso ayer sobre la mesa esta fórmula -que aún está por definir-, con la que busca reequilibrar el reparto de alumnos inmigrantes y discapacitados, que ahora, mayoritariamente, estudian en escuelas públicas. En Andalucía, por ejemplo, hay 12 veces más estudiantes foráneos y discapacitados en colegios públicos que en concertados. La diferencia es abismal, más aún si se tiene en cuenta que en la comunidad andaluza -la que más alumnos escolariza- la diferencia entre la red escolar pública y la concertada es mucho mayor que en el resto de regiones. Hay un 80% de colegios públicos y un 20% de concertados, mientras que en Madrid o en Cataluña el reparto es casi al 50%.
La idea de incentivar con más dinero a los colegios concertados con más alumnos con dificultades adelanta uno de los grandes objetivos pendientes de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006: el Gobierno y las comunidades todavía tienen que aprobar un modelo de escolarización que garantice un reparto equitativo del alumnado con dificultades, precisamente para salvar esa distancia que hay entre los colegios públicos y los concertados. En teoría, la normativa vigente de escolarización reserva tres plazas por aula para alumnos inmigrantes y discapacitados. El problema es que no muchas familias lo saben y, además, en algunos concertados la demanda supera con creces la oferta, así que en cuanto se han cubierto las primeras plazas y no hay solicitudes de inmigrantes o discapacitados, la reserva de los tres puestos se evapora.
contra los guetos. Sin embargo, el principal hándicap que impide equilibrar el reparto de estos alumnos entre colegios públicos y concertados es que normalmente las familias inmigrantes se concentran en los barrios más humildes de las ciudades, donde no suele haber muchos colegios concertados. "No podemos sacar en autobuses a los inmigrantes de sus barrios para llevarles a colegios del centro de la ciudad", explicó Gabilondo a este periódico. La propuesta del ministro, si llegara a fructificar, podría servir para que se crearan colegios concertados precisamente en las zonas más necesitadas.
"Es razonable que los centros que atienden necesidades escolares específicas reciban una mayor aportación por parte del Gobierno. Queremos que nuestra educación sea inclusiva, y no sólo para colegios públicos, sino también para aquellos financiados con fondos públicos", explicó ayer Gabilondo a Efe.
Para el ministro, entre las obligaciones de los centros está cubrir las necesidades de personas que "tienen discapacidad, que vienen de otros países o de ámbitos interculturales" y que tienen derecho a la educación pero "necesitan especiales recursos" para acceder a ella. Antes de participar en el pleno del Consejo de Universidades, Gabilondo quiso subrayar que los reglamentos que hay actualmente en los centros concertados "son de hace 25 años" por lo que no se pueden mantener algunos aspectos de la normativa teniendo en cuenta que "han ocurrido algunas cosas muy singulares como la transferencia de determinadas competencias a las comunidades o la LOE".
