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Educación para la Ciudadanía divide a jueces, políticos y profesores

El fallo del TSJA contrario a Ciudadanía ha abierto el fuego cruzado entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid (PP), tras el anunciar que permitirá a sus alumnos objetar a EpC, en contra de la ley. El PP dijo que esperaba una "avalancha de objeciones".

el 15 sep 2009 / 01:19 h.

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El fallo del TSJA contrario a Ciudadanía ha abierto el fuego cruzado entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid (PP), tras el anunciar que permitirá a sus alumnos objetar a EpC, en contra de la ley. El PP dijo que esperaba una "avalancha de objeciones", sin embargo, 300 colegios católicos madrileños firmaron ayer un comunicado diciendo que seguirán impartiéndola, aunque estén en contra.

La vicepresidenta Fernández de la Vega criticó ayer al Gobierno de Esperanza Aguirre por la "irresponsabilidad" de haber hecho un "llamamiento al incumplimiento de la ley". El PP de Madrid se ha apoyado en la sentencia del TSJA que permite a un alumno de Huelva objetar a Ciudadanía para hacer extensible ese derecho a todos los alumnos madrileños el próximo curso. El fallo está recurrido por la Junta y por la Fiscalía, y la Abogacía del Estado ha pedido que el Supremo unifique los criterios respecto a EpC, ya que a partir del curso próximo afectará a todos los escolares.

El fallo del tribunal andaluz dice justo lo contrario que el Tribunal Superior de Asturias y de Cataluña que fallaron a favor de Educación. Ayer, un tribunal de primera instancia de Teruel falló esta vez en contra de dos familias que defendían la objeción de su hijo respecto a EpC.

Será el Supremo el que incline la balanza, aunque tardará meses o incluso un año, según fuentes del Ministerio de Educación. Hasta entonces, Madrid permitirá la objeción siguiendo los argumentos del TSJA, aun a riesgo de que los alumnos no logren el graduado en ESO.

Aguirre dice que habrá una "avalancha de objeciones", pero ayer la Federación de Escuelas Religiosas (FERE), en Madrid, envió un comunicado firmado por 300 colegios católicos en el que se comprometía a respetar la ley e "impartir la asignatura con la total garantía de que su orientación y contenido serán absolutamente coherentes con el carácter propio de sus centros".

FERE ya se distanció de la línea dura contraria a EpC cuando aceptó adaptarla al ideario cristiano creando una guía de orientación para el profesorado. Esa decisión motivó un ataque sin precedentes de la Conferencia Episcopal, que afirmó que los colegios católicos que impartieran EpC "colaboran con el mal".

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