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Educación para la Judicatura

La llamada "sala vaticana" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la prueba más cercana y evidente de que hay jueces a los que, por su torticero entendimiento de la Constitución...

el 15 sep 2009 / 01:21 h.

La llamada "sala vaticana" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la prueba más cercana y evidente de que hay jueces a los que, por su torticero entendimiento de la Constitución, se les debería obligar a cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía o, en su defecto, si se me permite la expresión, declararlos directamente inconstitucionales. Jueces que parecen desconocer los valores de nuestra Carta Magna y que se subrogan, al reconocer un derecho a la objeción no contenido legalmente, la misión de declarar contraria a la Constitución parte del contenido de una norma aprobada democráticamente; tarea que en nuestro sistema político le corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional.

Los jueces, en nuestro sistema constitucional, juegan un papel imprescindible pues a ellos les corresponde administrar la justicia que emana del pueblo, estando sometidos únicamente al imperio de la ley. Por eso, en la fase de aplicación del ordenamiento, ha de respetarse escrupulosamente el principio de legalidad como garantía de legitimidad democrática del sistema; es decir, ha de respetarse la norma elaborada por un Poder Legislativo que está directamente legitimado desde el punto de vista democrático. La vinculación estricta al ordenamiento no impide, sin embargo, la aplicación de razonamientos jurídicos propios, no han de ser sólo "la boca de la ley" que dijera Montesquieu, pero, en todo caso, sus razonamientos han de tener los principios y valores constitucionales no sólo como límites infranqueables, sino también como horizonte a alcanzar. El juez no puede sustituir, pues, los criterios legislativos por los suyos propios, sino que debe de buscar el sentido de la norma dentro de esos límites y con ese horizonte. Y si dudara de su constitucionalidad elevar una consulta al Tribunal Constitucional para que decida.

Pero pedirle peras constitucionales a olmos que no se creen los valores de libertad e igualdad que contiene nuestra Carta Magna resulta misión imposible. Y ello se debe no sólo a "herencias e inercias" ideológicas, sino fundamentalmente por el modelo de selección de los jueces. Un modelo que urge reformar para empaparlo de reflexión y formación en torno a valores constitucionales. Por ello, la Asamblea de decanos de las facultades de Derecho de España, así como algunas asociaciones judiciales, abogan porque los futuros jueces realicen estudios de master impartidos en las universidades, con la intervención del Consejo General del Poder Judicial y de las organizaciones profesionales y colegiales. De esta forma, se superaría el sistema arcaico de los preparadores de oposiciones, ofertándose un sistema público de preparación, con las consiguientes ayudas para que los candidatos con escasos recursos económicos puedan estar en reales condiciones de igualdad. Esperemos que este cambio llegue a buen puerto, para así poder decir que la democracia ha llegado, por fin, a todo el Poder Judicial.

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