Los colegios andaluces ya no aplicarán este curso escolar las pruebas de evaluación de diagnóstico de 4º de Primaria y 2º de Secundaria. Después de siete años, la Consejería de Educación ha decidido fulminar unas pruebas que han permitido examinar el sistema educativo andaluz desde fuera, hacer un seguimiento anual de cada colegio, cada profesor y cada alumno, saber cuánto influye en el aprendizaje de los jóvenes lo que pasa dentro del aula (el trabajo de los docentes, la metodología de la escuela); lo que ocurre en sus hogares (la educación de sus padres, los libros en casa...) y el peso del entorno socioeconómico en la educación de los niños. La consejería siempre ha defendido que el objetivo de estas pruebas era corregir al alumnado «antes de que finalizase la etapa», frente al modelo que propone la nueva ley educativa (Lomce) del Gobierno en 6º de Primaria, «que pretende calificar y sancionar, que es punitiva y excluyente y no permite corregir el camino del alumno a tiempo».
La Junta fue el primer gobierno autonómico en implantar estas pruebas de carácter censal, con una envergadura tremenda (250.000 alumnos eran evaluados al año en todos los colegios andaluces), y un enfoque similar al famoso informe Pisa, que compara los sistemas escolares de más de 50 países. El modelo de evaluación educativa de Andalucía, que emana directamente de la LOE, fue muy criticado desde el principio por muchos profesores, incómodos con la idea de que su trabajo dentro de las aulas fuera observado y examinado desde fuera por personas y criterios ajenos al centro. La Junta ha defendido con insistencia la necesidad de introducir la cultura de la evaluación externa en el sistema educativo, y que los profesores y colegios rindieran cuentas por su trabajo a partir de parámetros comparables (rendimiento de los alumnos, nivel de convivencia, implicación de las familias, proyectos de innovación...).
Con los siete años de diagnóstico, Educación logró una cascada de datos, que le permitía comparar la evolución, los progresos y los déficit colegio a colegio, zona a zona, profesor a profesor. Así, la base de datos escupía información muy valiosa, por ejemplo, permitía comparar dos colegios con los mismos recursos, el mismo tipo de alumnado, ubicados en barrios similares, pero que obtenían resultados dispares. La consejería pretendía usar los datos de las pruebas para decidir dónde merecía la pena inyectar más recursos, más personal de apoyo, etc...
La evaluación externa, pese al recelo de muchos profesores, es algo que están haciendo todos los gobiernos europeos y que predican los expertos como un requisito imprescindible para alcanzar la calidad educativa. Las administraciones aprueban continuos programas educativos, cambian leyes, modifican currículum, redefinen metodologías de aprendizaje, pero durante muchos años no ha existido ni un órgano ni un sistema que analizara si todo ese trabajo estaba funcionando, si funcionaba para todos los colegios y alumnos por igual, y si era preciso introducir propuestas de mejora concretas adaptadas a cada escuela. Por eso nacieron las pruebas de diagnóstico, y por eso se creó la Agencia de Evaluación Educativa, adscrita a la consejería, que con la eliminación de los exámenes ha visto caer su presupuesto anual un 40% (de los 4,3 millones en 2013 a los 2,6 para este año). El socio de Gobierno, IU, está presionando para eliminar del todo la Agencia y que sus atribuciones pasen al Servicio de Inspección Educativa, que tiene personal fijo en la consejería y ya realiza labores de evaluación.
El fin de las pruebas de diagnóstico no ha causado un malestar generalizado entre el profesorado. Siempre faltó pedagogía por parte de la consejería para trasladar por qué era necesario interiorizar la cultura de la evaluación, y cuando la crisis se hizo notar y la Junta empezó a recortar plantilla, salarios y recursos a los colegios, muchos docentes y sindicatos cuestionaron con más virulencia el hecho de que se gastaran cada año más de cuatro millones en una empresa adscrita a la consejería que ejercía funciones muy parecidas a las que desempeña la Inspección. Lo paradójico de todo esto es que el departamento de Luciano Alonso, que lleva meses anunciando su «rebeldía» y «rechazo frontal» a la llamada ley Wert, y que antes de que finalice el mes presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, ha sido de los primeros en eliminar las pruebas de evaluación en aplicación de la citada ley.
Seis pruebas. Hace un año, Educación presentó el plan de actuación de la Agencia de Evaluación 2012-2016, un «modelo de evaluación alternativo al que propone la reforma educativa». Se garantizó entonces que, a pesar de la entrada en vigor de la Lomce, Andalucía no renunciaría a seguir aplicando sus pruebas. Sin embargo, esta semana el departamento de Alonso ha justificado su eliminación en que la Wert, que empieza a aplicarse en septiembre, incorpora su propia evaluación externa, las llamadas reválidas en 6º de Primaria y en 4º de ESO (la ley no impide a las comunidades desarrollar sus pruebas). Andalucía conservará la prueba Escala, para niños de 7 años en 2º de Primaria, pero elimina el resto porque, de sumarse a la evaluación nacional, dicen, habría seis diagnósticos anuales consecutivos. Los sindicatos docentes cuestionan esta explicación y le reprochan a Alonso que sea «el primero en criticar la ley Wert y el primero en aplicarla, sobre todo cuando la consejería viene diciendo hace meses que busca alternativas a la nueva ley, con hincapié en el rechazo al modelo de evaluación que ésta plantea».
Desde el primer borrador conocido de la Lomce, Andalucía ha cargado las tintas en su discrepancia férrea con el nuevo modelo de evaluación que pretende implantar el Gobierno central, con reválidas al finalizar las distintas etapas educativas que servirán para «clasificar y penalizar el fracaso», dicen, pero «sin dar margen para corregir y mejorar» los déficit de aprendizaje.
