El Gobierno andaluz tiene un plan a: que la reforma educativa no se apruebe, y ayer anunció un plan b, que consiste en tomar la avanzadilla para minimizar el impacto negativo que la ley tendrá en el sistema educativo andaluz en caso de que al final se apruebe la redacción actual. La Consejería de Educación va a reclutar a 500 expertos el mes que viene para consensuar alternativas a la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), tanto en contenidos curriculares, horarios de las asignaturas o en autonomía de los centros. La mayoría de esos expertos serán profesores, catedráticos de universidad y personas asociadas al mundo educativo (asociaciones de padres de alumnos, estudiantes, organizaciones...). Pero la Junta también cuenta con personas del ámbito jurídico cuyo cometido será buscar los agujeros legales a la ley, con objeto de paralizarla en los tribunales. La consejera de Educación, Mar Moreno, anunció que el grupo de expertos analizará las posibles causas de inconstitucionalidad en que pueda incurrir la Lomce para fijar posiciones con tiempo suficiente para su posterior desarrollo reglamentario. La Junta aguardará al trámite parlamentario, porque ahora corresponde al PSOE y al resto de partidos en el Congreso y en el Senado el esforzarse para transformar los aspectos más dañinos de la legislación. Si al final prospera la reforma que abandera el ministro José Ignacio Wert, Moreno está convencida de que el texto es susceptible de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, porque vulnera la igualdad de oportunidades. Una de las grandes críticas de la Junta a la Lomce, y que comparte gran parte de la comunidad educativa andaluza, es que la escuela se volverá dura y cuesta arriba para los alumnos con más problemas para aprender y para los que procedan de familias con pocos recursos, mientras que los niños menos perjudicados tendrán más opciones. comedores // El Consejo de Gobierno aprobó ayer la adjudicación de 118 comedores escolares a empresas de catering (en los colegios afectados por la retirada de la concesión a la firma Brassica). Moreno aprovechó para anunciar que el plan de refuerzo alimentario, que garantiza tres comidas al día a niños en riesgo de exclusión, se empezará a aplicar ya en junio, poco antes de finalizar el curso, en 140 centros de las ocho provincias, ubicados en las zonas de transformación social. Los primeros beneficiarios serán unos 8.000 alumnos, elegidos por los servicios sociales municipales por estar en peor situación que el resto. Moreno también aprovechó para desmentir que el refuerzo alimentario no vaya a llegar a los alumnos inmigrantes, pese a que el decreto ley excluye a los que no son andaluces. La consejera explicó que se trata de una definición estándar y que no tendrá un efecto real. Muchos de los 80.000 alumnos que reciben gratis el comedor escolar, dado sus escasos recursos, son inmigrantes.