Local

Educación: rectificar el error

La decisión de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla de destituir a, al menos, seis profesoras interinas por aceptar un trabajo y "no haber previsto un riesgo de aborto", excede al conflicto laboral. Ninguna Administración se puede permitir este tipo de comportamientos.

el 14 sep 2009 / 22:47 h.

La decisión de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla de destituir a, al menos, seis profesoras interinas por aceptar un trabajo y "no haber previsto un riesgo de aborto", excede al conflicto laboral. Ninguna Administración se puede permitir este tipo de comportamientos, pero cuando se trata de una administración como la andaluza, que se autodenomina progresista y con razón, mucho menos todavía. Las profesoras despedidas sufrieron un grave problema físico como es una amenaza de aborto. Solicitaron una baja médica y se la dieron porque la merecían. Educación no puede basar por tanto su decisión en la mala fe de las afectadas cuando firmaron su contrato de trabajo. Sería muy discutible incluso que se exija a una trabajadora o a un trabajador que garantice una salud de hierro en el momento de firmar un contrato laboral. Aunque es legal quizá no sea ético. Educación tampoco se debe agarrar en ese caso a los precedentes judiciales para adoptar una decisión tan poco ejemplar. Porque a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TAJA) y de la Audiencia Nacional en favor de la tesis del empleador (Educación) podrían enfrentarse otras de signo contrario e igual de claras del Tribunal Constitucional. El TC estima que este tipo de comportamientos vulnera la reciente Ley de Igualdad. Por encima de consideraciones de legislación laboral está la contradicción en la que incurre una administración a la que se le llena la boca con las políticas de igualdad, la discriminación positiva, el apoyo a las mujeres trabajadoras y luego se comporta sin ningún tacto lanzando la sospecha sobre las propias mujeres. La Delegación de Educación de Sevilla hará bien en revisar este asunto cuanto antes y rectificar sin pudor una decisión que nunca debió adoptar. Es un error que no beneficia a nadie y perjudica injustamente a unas trabajadoras que sufrieron un grave problema físico. Las administraciones deben ser sensibles a los problemas de las personas y no tomar partido de antemano por la sospecha y el engaño. Y menos aún cuando está en riesgo la maternidad.

  • 1