El TSJA obliga a la Junta a concertar dos centros más de educación diferenciada

El alto tribunal concede medidas cautelares a los doce centros de educación diferenciada que existen en Andalucía.

el 14 jul 2014 / 15:37 h.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de  Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto dar la razón a los centros  de educación diferenciada por sexo 'El Soto', en Chauchina (Granada),  y Campomar, en Aguadulce (Almería), ambos Escuelas Familiares  Agrarias (EFA), obligando a la Junta de Andalucía a concederles el  concierto para el próximo curso académico. Con estas dos últimas resoluciones, el alto tribunal concede  medidas cautelares a los doce centros de educación diferenciada que  existen en Andalucía, que recurrieron la negativa de la  Administración al convenio, en base a jurisprudencia del Supremo que  rechaza subvencionar con fondos públicos este modelo pedagógico, de  manera conjunta. Según han señalado fuentes del caso a Europa Press, estas dos  últimas resoluciones utilizan la misma argumentación que en los otros  casos. Así, la Sala concede las medidas cautelares solicitadas por  los colegios, que pasaban por la suspensión de la decisión de  Educación en tanto se resuelve la cuestión y se sustancia el recurso  principal. De esta manera, el TSJA establece que "el interés general al que  se refiere la ley jurisdiccional no puede ser simple y llanamente el  de la administración, sino el de la ciudadanía". Desde esta  perspectiva, "el que haya ocho o doce colegios o los que sean, en  todo caso porcentualmente mínimos en el ámbito de la prestación  escolar de la comunidad autónoma, no puede originar un perjuicio a  ese interés general, que no debe confundirse con una ideología  educativa concreta". También se rechaza la pretensión de la Junta de suspender el  proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el  recurso de inconstitucionalidad presentado por la Administración  andaluza contra la disposición transitoria de la Ley Orgánica para la  Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya que ello "no obsta" para  que la norma sea vigente y produzca "plenos" efectos en la realidad  jurídica: por ello, "estaría de más" suspender el proceso por el  planteamiento de una cuestión prejudicial "que tardaría en resolverse  años". Asimismo, se hace referencia a la petición de la parte recurrente  en base al "trascendente" cambio legislativo --incluido en la Lomce--  que establece de manera expresa la legitimidad de los conciertos  educativos para los centros diferenciados. Por otro lado, el TSJA considera que, contrariamente a lo  argumentado por el Ejecutivo autonómico, el interés general no padece  "ni de lejos" por el otorgamiento de la medida cautelar y que pese a  impugnarse una resolución de carácter negativo ello no excluye la  posibilidad de adoptar medidas cautelar en positivo. Subraya el TSJA que los perjuicios económicos, "dado el 0,2 por  ciento de colegios públicos o concertados a los que se otorga la  subvención dentro de la comunidad autónoma andaluza", son "ínfimos",  prestando un servicio educativo "sin que se haya opuesto tacha alguna  por la administración los precedentes años". De esta forma, la Sala concede la cautelar a los centros invocando  las mismas razones, es decir, la acreditación de los motivos  --pérdida de finalidad por perjuicios irreparables tanto de orden  económico como de viabilidad del colegio--, apariencia "intensa" de  buen derecho, el no dar la Junta "un solo argumento jurídico o  fáctico consistente" y la ausencia de padecimiento del interés  general.

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