La consejera de Educación, Teresa Jiménez, advirtió a los colegios católicos sevillanos que serán sancionados si desobedecen la ley que les obliga a grabar los casos de violencia escolar en el sistema informático de la Junta, como les pide su Federación. "Es esta consejería, y no la concertada, quien vela por la confidencialidad del alumno", dijo.
"Todos los centros gestionados con fondos públicos tienen la obligación de grabar los datos de violencia escolar para hacer efectiva nuestra función educativa. Es una información necesaria para conocer la situación real de los colegios y elaborar un informe anual sobre el estado de la convivencia", recordó la consejera.
Educación reaccionó con "estupor" ante la noticia, avanzada por este periódico, de que la Federación andaluza de colegios católicos (FERE) ha instado a sus centros a desobedecer la normativa de su departamento. Hace dos semanas, el secretario regional de FERE, José María Fernández, envió una circular a los 83 colegios concertados de Sevilla instándoles a eludir el control de la Junta sobre los casos de agresiones en el aula. "No debes firmar bajo ningún concepto documento alguno en el que el centro se comprometa a la grabación de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia", decía el mensaje.
Fernández acudió a la consejería a "negociar" otro sistema con el que mantener informada a la Junta sobre las incidencias en sus escuelas, aunque la consejera negó que este tema fuera susceptible de "negociaciones" y rechazó cualquier alternativa.
"No entendemos que no se graben este tipo de datos y otros, como los de escolarización, sí", dijo la consejera. FERE considera que el registro informático que usa Educación para controlar la conflictividad (programa Séneca) es contrario a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, por eso le ha pedido a sus colegios que se salten la normativa que les obliga a informar a la Junta de los alumnos -con nombres y apellidos- que se han metido en líos.
La consejería, sin embargo, fue muy contundente ayer al defender este sistema de gestión que, según el Decreto de Convivencia, "debe usarse de forma generalizada en todos los colegios". Jiménez recordó que el Séneca está amparado por la normativa regional y por la propia Ley Orgánica de Educación que, en la disposición adicional vigésimo tercera, establece la obligación de los colegios a proporcionar a la Junta los datos que ésta requiera por vía informática.
"La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la ley de protección de datos de carácter personal", dice la LOE.
Educación va a abrir una investigación para determinar cuántos colegios católicos de Sevilla están siguiendo las recomendaciones de FERE. La consejera adelantó ayer que los hechos pueden ser constitutivos de faltas y que, por tanto, se creará una comisión de conciliación entre su departamento y la patronal de centros concertados para reconducir la situación.
"Si no hay acuerdo, la Junta incoará expedientes a los centros concertados que estén ocultando este tipo de información", dijo. Las sanciones previstas en el reglamento, según fuentes educativas, van desde la multa económica a las restricciones de ayudas, la retirada del concierto educativo o el cierre del centro.
