La Embajada de Estados Unidos en España ha trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ante la causa por la vía Social que sigue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a cuenta del último expediente de regulación de empleo (ERE) acometido por 'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, que su gobierno, fuerzas armadas y entidades "no están sujetos a procedimientos ante los tribunales españoles promovidos por empleados de contratistas o concesionarias" relacionadas con EEUU.
El asunto se enmarca en la causa que reside en la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz, por la impugnación del tercer expediente de regulación de empleo acometido por la sociedad estadounidense que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón, cuyo uso comparten España y Estados Unidos, para las Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe). Y es que los 55 trabajadores despedidos en septiembre de 2014 han recurrido el procedimiento reclamando la nulidad de sus despidos, sobre todo a cuenta de la creciente actividad militar de esta base de uso conjunto.
La sala de lo Social del TSJA había fijado en principio para el 25 de febrero la vista oral destinada a resolver el recurso de los trabajadores, si bien el juicio fue finalmente suspendido, según informaban a Europa Press fuentes del comité de empresa de la base de Morón, presidido por UGT.
El juicio, en concreto, fue suspendido porque la Embajada de Estados Unidos en España trasladó al Ministerio de Asuntos Sociales y Cooperación que tras serle comunicado el procedimiento judicial contra VBR y la USAFE, quedó de relieve que la documentación no fue notificada "conforme al derecho internacional", es decir "mediante cauces diplomáticos" y con un plazo de 60 días antes de la comparecencia.
Pero además de avisar de este "defecto de forma y plazo", la Embajada de Estados Unidos en España, según un documento del Ministerio de Asuntos Sociales y Cooperación recogido por Europa Press, expone que merced al convenio firmado entre Estados Unidos y España en materia de Defensa, "el Gobierno de Estados Unidos, sus fuerzas armadas, sus organizaciones, unidades, agencias o dependencias no están sujetos a los procedimientos ante los tribunales españoles promovidos por los empleados de contratistas o de concesionarios que efectúan trabajos en España para las fuerzas de Estados Unidos", por lo que solicita la "desestimación" del recurso en lo que a la representación institucional de Estados Unidos se refiere.
NUEVA FECHA La plantilla de la base de Morón, de cualquier modo, está a la espera de que sea resuelta la incidencia formal alegada por la Embaja de Estados Unidos y el TSJA fije una nueva fecha para el juicio destinado a resolver la impugnación de este ERE saldado con 55 despidos con indemnizaciones de 20 días de sueldo por cada año de servicio y un tope de 12 mensualidades.
Con estos 55 despidos, cabe recordarlo, se elevaba a 240 el número de puestos de trabajo estables destruidos por la empresa mediante los tres ERE acometidos desde 2010. Sobre este litigio judicial, además, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya declaró no ajustado a derecho el ERE de 2013, si bien no anuló sus 66 despidos y este pronunciamiento sólo permitía a los afectados acceder a indemnizaciones más cuantiosas.
Entretanto, España y Estados Unidos negocian el uso de la base aérea como cuartel permanente de la fuerza estadounidense de intervención en Africa y la plantilla reclama que esta negociación incluya la readmisión de los trabajadores despedidos y la "equiparación" de las condiciones de la plantilla con las de los trabajadores de Rota (Cádiz) y del resto de bases estadounidenses en Europa, lo que implica su transformación en "personal laboral local". EL CONFLICTO DE LA BASE Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo (ERE) "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE, como así fue con 55 nuevos despidos, para que los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
