EEUU reclamó ayer la pena de muerte para el presunto autor intelectual del 11-S y otros cinco detenidos en la base naval de Guantánamo (Cuba) por su supuesta vinculación con los atentados de 2001, en los que fallecieron cerca de 3.000 personas.
El Pentágono fue el que pidió la pena capital para estas seis personas, según desveló el asesor de Asuntos Legales del Departamen- to de Defensa, el brigadier general Thomas Hartmann. Ésta es la primera vez que la junta militar de la base naval de Guantánamo presenta cargos contra detenidos acusados de estar involucrados de manera directa en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la primera ocasión en la que exige la pena de muerte.
En concreto, los fiscales militares presentaron cargos contra Khalid Shaikh Mohammed, considerado el cerebro de los atentados; Mohammed al-Qahtani, el hombre que fue bautizado como el secuestrador número 20, que nunca llegó a participar físicamente en los ataques; y Ramzi bin al-Shibh, quien se cree que fue el principal intermediario entre los secuestradores de los aviones y los líderes de red terrorista Al Qaeda.
También formularon cargos contra Ali Abd al-Aziz Ali, conocido como Ammar al-Baluchi, un sobrino del supuesto autor intelectual e identificado como su lugarteniente en los atentados, así como contra Mustafa Ahmed al-Hawsawi y Walid bin Attash, presuntos participantes en entrenamientos terroristas. "Los acusados afrontarán la posibilidad de recibir una condena a la pena capital", anunció Hartmann.
Los seis detenidos afrontan en estos momentos cargos por conspiración, asesinato, terrorismo, prestación de apoyo material, secuestro, atentado contra civiles y violación de las leyes de guerra.
Los fiscales militares enviarán la acusación formal a la juez Susan Crawford, encargada de supervisar las juntas militares para que revise los cargos antes de aprobar la celebración del juicio contra los seis detenidos en Guantánamo.
Khalid Shaikh Mohammed, también conocido como KSM, es el principal acusado en el caso. El paquistaní confesó que había planeado cada detalle de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, usar su confesión en el juicio podría ser problemático, ya que es uno de los detenidos que la CIA admitió que fue sometido en los interrogatorios a la técnica de la asfixia simulada, considerada tortura por los defensores de los derechos humanos.
EEUU comenzó a enviar detenidos a Guantánamo en enero de 2002. El Pentágono prevé llevar a juicio a 80 presos de los 275 que aún permanecen en la prisión de esa base naval que se encuen- tra en suelo cubano.
Los tribunales militares de Guantánamo, que han sido muy criticados, son las primeras cortes de crímenes de guerra que se establecen en EEUU desde la Segunda Guerra Mundial. Las juntas fueron establecidas después de los atentados del 11-S para juzgar a detenidos considerados "combatientes enemigos" por la Casa Blanca. Por ello, los presos no están sujetos a la protección que reciben militares o civiles.
La posibilidad de que los fiscales pidan la pena capital para los sospechosos de Guantánamo genera cierta preocupación por el hecho de que el caso atraiga una atención innecesaria sobre el controvertido sistema de las comisiones militares, que aún no ha sido capaz de celebrar ni un solo juicio y que ha estado plagado de problemas desde sus inicios.
