El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el miércoles que la pena de muerte no puede imponerse como castigo a los condenados por abuso sexual de menores, tras considerarlo anticonstitucional.
En una votación de 5-4, los magistrados de la máxima corte de EEUU anularon así una ley del estado de Luisiana que permitía la ejecución de criminales condenados por violar a menores.
En su segundo dictamen relacionado con el castigo capital en lo que va de año, el Tribunal Supremo resolvió que la pena de muerte para los pederastas viola las protecciones de la Constitución estadounidense contra ese tipo de castigos.
"La pena de muerte no constituye un castigo proporcional por la violación de un niño", dijo el juez Anthony Kennedy, quien fue secundado en la votación por otros cuatro jueces del Supremo.
En los últimos 44 años en Estados Unidos todas las ejecuciones registradas fueron de condenados por asesinato.
En 1977, el Supremo ya había prohibido la ejecución por la violación de adultos.
La decisión de ayer del Supremo deriva del caso de Patrick Kennedy, de 43 años, el único reo condenado a muerte -entre más de 3.300 presos en esa condición en todo EEUU- por un delito en el que la víctima no falleció.
Kennedy fue condenado en 2003 por violar a una niña de ocho años en 1998. Los jueces se acogieron a una ley de Luisiana de 1995 que permitía la ejecución de condenados por la violación de menores de 12 años.
Previo al dictamen del Supremo, el fiscal del municipio de Jefferson, Paul Connick, declaró que aunque los jueces fallaran en contra, Kennedy pasaría el resto de sus días en prisión.
moratoria. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, realizó su primera visita oficial a Estados Unidos, donde se reunió con representantes de la ONU para abordar asuntos como el de la abolición mundial de la pena de muerte, para la que el Gobierno español propone una estrategia gradual que incluye una moratoria universal en 2015, y su supresión para los menores de edad, discapacitados y personas con una grave enfermedad mental.
"Queremos contribuir al fomento de un debate internacional serio al respecto", explicó, y apuntó que España tiene el apoyo de algunas de las grandes organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos.
