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El 15-M desmonta al 'perroflauta'

El movimiento lleva al Parlamento sus alegaciones a la reforma de las iniciativas populares y el escaño 110. Por primera vez una Cámara autonómica se abre a los "indignados".

el 06 oct 2011 / 19:29 h.

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Miembros del 15-M, en la comisión parlamentaria.
José Cosín, abogado, y Rafael Palomo, filósofo, fueron ayer la voz del 15-M en el Parlamento andaluz, la primera Cámara autonómica que abre sus puertas a los mismos "indignados" que llevan meses manifestándose ante instituciones a las que la Policía les impedía acceder. Además de la voz, sabían que eran la imagen del 15-M. Su look de chaqueta, barba y pelo pulcramente recortados estaba estratégicamente pensado para alejarse del tópico del perroflauta, peyorativo usado para desprestigiar al movimiento que tomó las plazas en vísperas de las municipales para exigir Democracia real ya.

 

Y como "estadio intermedio" entre la actual "partitocracia" y la democracia directa a la que aspiran, ambos hicieron sus propuestas a la iniciativa socialista, apoyada por PP e IU, para rebajar de 75.000 a 40.000 las firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y crear el escaño 110 que permitirá a sus promotores defenderlas en el Parlamento. Son propuestas elaboradas por un grupo de trabajo creado en el 15-M, y avaladas por las asambles provinciales. El movimiento redactó su propia iniciativa popular antes de que Griñán anunciara esta reforma en el Debate de la Comunidad.

La mayoría son fruto de las "dificultades" que han ido encontrando en la tramitación de su propia iniciativa. No es casual, dicen, que en 34 años solo se hayan admitido a trámite dos iniciativas populares, una la suya.

El 15-M aplaude la rebaja de firmas y el escaño 110, pero lo ve "claramente insuficiente" para hablar de democracia participativa y advierte a los partidos de que tienen una "oportunidad de oro" para demostrar si realmente quieren legislar para el pueblo "y no de espaldas a él".

Su propuesta tiene diez puntos, como bajar de 18 a 16 años la edad mínima para promover una iniciativa, abrirlas a las asociaciones ciudadanas, que los promotores puedan usar los servicios jurídicos del Parlamento y cuenten con espacios en la RTVA para publicitarlas o que muchos de los trámites puedan hacerse en las provincias y los desplazamientos necesarios sean sufragados. Hoy, 140 fedatarios de toda Andalucía tienen que presentarse ante la Junta Electoral Central en Sevilla para autentificar las firmas "y no es fácil cuando uno no se dedica profesionalmente a la política pedir un día en el trabajo y pagarse el viaje para venir".

Pero el "punto crítico" al que no renuncian, y que despierta más ampollas en los partidos, es su reivindicación de que no haya materias vetadas. Ahora, los ciudadanos no pueden proponer leyes osobre políticas de empleo o los presupuestos. "En un sistema democrático la ley debe ser expresión de la voluntad popular y si se vetan materias tan importantes para el ciudadano estamos cercenando su derecho a la participación", alegan.

Su decálogo exige que la reforma tenga efectos retroactivos para las ILP admitidas ya a trámite como la suya. Está en fase de recogida de firmas (llevan 20.000) y aspiran a presentarla esta legislatura, conscientes de que "rechazar una iniciativa popular al principio de la legislatura es muy fácil" pero conforme se acercan las urnas la cosa cambia. Otra perversión del sistema, apuntan. También piden una disposición adicional que comprometa al nuevo gobierno a hacer una ley de consultas populares.

En frente, el 15-M tuvo a un receptivo Diego Valderas (IU), que concretó su apoyo a la retroactividad, la ley de referéndum, el espacio en la RTVA y el uso de los servicios jurídicos, y a un PSOE (José García Giralte) y PP (Jorge Ramos Aznar) muy efusivos con ellos pero que se limitaron a mostrar su "buena voluntad" sin "ningún compromiso serio".

La FAMP no se posiciona sobre la expulsión de los alcaldes
El resto de los agentes que comparecieron también podían alegar a las reformas que harán incompatibles los cargos de diputado y alcalde, suprimirán las pensiones de los expresidentes y obligarán a los parlamentarios a publicar sus rentas y los contratos de sus familias con la administración. Sindicatos, empresarios, consumidores y vecinos apoyaron la expulsión de los alcaldes de la Cámara. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) envió un escrito en el que admite que no tiene una postura unánime. Los regidores del PP están todos en contra y en el PSOE e IU, defensores de la iniciativa, "hay de todo", reconocieron fuentes de la FAMP. El PP aprovechó cada ocasión para denunciar el "veto socialista" a la comparecencia de alcaldes y presidentes de diputaciones. Y cuando el PSOE defendió ya estaban representados por la FAMP, criticó su "desinterés" al no comparecer y decir que "no hay consenso" sin haber reunido "desde abril" a sus miembros.

Mientras, UGT y CCOO aprovecharon para hacer su guerra. UGT pidió "cuidar los mensajes" que cuestionan sus subvenciones, todas fiscalizadas y con destino fijo. CCOO defendió su representatividad frente a colectivos invitados a opinar sobre cuestiones como el Guadalquivir "por haber hecho ruido en la calle este verano".

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