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El 20% de las ayudas estatales a promotores de VPO quedaron desiertas

El ministerio alega para quitarlas que son subvenciones que no se solicitan

el 29 ago 2010 / 18:37 h.

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La crisis ha tirado por tierra las previciones de construcción de vivienda.

El polémico recorte anunciado a finales de julio por el Ministerio de Vivienda de suprimir a partir de 2011 las ayudas directas a la compra de VPO y las subvenciones a los promotores ha suscitado el rechazo rotundo de las comunidades, entre ellas de Andalucía. El ministerio alega que, con fondos limitados, hay que priorizar el alquiler y la rehabilitación, cuyas solicitudes se han visto desbordadas. En esto coincide la Junta, pero no en eliminar drásticamente una línea de ayudas que sustenta buena parte del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que prevé la construcción de 132.000 nuevas VPO. Aunque el impacto económico aún no se ha cifrado, el Gobierno andaluz calcula que la comunidad podría perder en torno a 100 millones de euros al año en subvenciones.


El Gobierno central se apoya en una serie de datos para defender esta medida. Por ejemplo, que casi el 20% de las subvenciones a promotores de VPO de nueva planta quedaron desiertas el año pasado. El Estado financió 8.458 de las 10.165 que estaban previstas inicialmente. Dentro de este apartado, el porcentaje de ejecución baja aún más en las VPO destinadas a la venta (el Ejecutivo sufragó el 77,1% de las ayudas previstas), mientras que en los pisos protegidos de alquiler se superaron las expectativas (104%).

La patronal ya avisó de que el fin de estas subvenciones (el promotor recibe hasta 2.000 euros) supone un duro golpe al sector y pone en jaque el plan andaluz de la vivienda.
Fuentes del departamento que dirige Beatriz Corredor insisten en que el "apoyo del Gobierno para la compra de una VPO se mantiene", porque continuarán los préstamos convenidos, las ayudas para pagar la hipoteca a los que menos tienen y la posibilidad a partir de 2011 de lograr un préstamo por el 90% del valor del piso (hasta ahora era del 80%). Sin embargo, sí desaparecerán las ayudas directas al pago de la entrada, que van desde los 4.000 hasta los 11.200 euros, en el caso de familias con cinco hijos cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el salario mínimo, es decir, 18.000 euros anuales.


nuevas necesidades. Con un presupuesto muy ajustado, el ministerio ha decidido concentrar todos los esfuerzos en la rehabilitación y el alquiler, que acaparan la mayor parte de las demandas ciudadanas. El programa de ayudas a los inquilinos (el Estado financia hasta el 40% de la cuota) se ejecutó en un 251% (estaban previstas 2.000 actuaciones y se atendieron 5.220) y el grado de cumplimiento en rehabilitación fue del 148,62%.


Precisamente la Junta pidió en diciembre de 2009 al ministerio poder desviar las ayudas destinadas a la compra y promoción de VPO al alquiler y la rehabilitación. Y es que el bloqueo hipotecario tanto para empresarios como ciudadanos ha hecho caer en picado los proyectos de vivienda protegida de nueva planta.


Pese a que la crisis ha variado las necesidades inmobiliarias, la Junta se opone a que el Gobierno quite estas ayudas porque de ellas depende el éxito del plan andaluz de vivienda. El pasado lunes el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, trataron este asunto en la Moncloa, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo porque la negociación bilateral con las comunidades recaerá en la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. La cita con la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, será a mitad de septiembre, pero antes el secretario general de Vivienda de la Junta, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se reunirá el próximo jueves con la patronal, sindicatos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para consensuar la posición de Andalucía.

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