El verano pasado saltaron las alarmas cuando salieron a la luz dos casos muy cercanos en el tiempo de abusos sexuales a niños en los que los agresores eran también menores de edad. Durante las Fiestas del Carmen de Isla Cristina, siete menores agredieron a una niña de 12 años con una discapacidad psíquica en la playa onubense de Punta Caimán (la juez los condenó recientemente a penas de entre dos y cuatro años de internamiento en centros adecuados a su edad). Apenas dos días antes, seis jóvenes -cinco de ellos menores- violaron a una niña de 13 años en Baena (Córdoba).
Los datos del Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Junta revelan que no es un hecho del todo aislado. El 20% de los 787 casos de abusos sexuales a menores registrados en este programa el año pasado fueron cometidos por menores de edad, según los datos facilitados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Servicios sociales, centros de salud, colegios, juzgados y fiscalías derivan al sistema de protección de menores de la Consejería de Igualdad aquellos casos en los que sospechan que un menor es objeto de abusos sexuales. La Junta cuenta desde 1992 con un programa específico que inicialmente se centró en la detección y sólo se realizaba en algunas provincias pero que actualmente incluye tratamiento psicosocial de las víctimas y orientación legal a éstas y a sus familias y se presta en las ocho provincias. El año pasado, 787 menores fueron atendidos en este Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Abusos Sexuales. En el 20% de los casos, la agresión la cometió otro menor y casi en un 50% algún familiar adulto.
De los 787 menores atendidos en este programa en 2009, 556 pasaron por los profesionales de la evaluación y diagnóstico y 231 recibieron tratamiento. El programa de evaluación y diagnóstico se encarga de verificar los presuntos abusos sexuales y establacer las necesidades de protección y atención terapéutica que precisen tanto las víctimas como su entorno. El programa de tratamiento incluye atención psicosocial "para reducir los síntomas y secuelas derivados de la situación vivida y evitar la revictimización y el desarraigo".
Ambos programas cuentan con un equipo de profesionales especializados formados por psicólogos, trabajadores sociales y licenciados en derecho, ya que también se asesora a la familia sobre los pasos legales y los recursos disponibles para ayudarles. En Andalucía Oriental, el programa es desarrollado por la Fundación Márgenes y Vínculos, con sede central en Granada, mientras que en Andalucía Occidental se encarga la asociación Adima, ubicada en Sevilla. El año pasado, contó con una financiación global por parte de la administración andaluza de 1,2 millones de euros.
Uno de los datos más escalofriantes que revela el análisis de los casos derivados a este programa el año pasado es que el 48,62% de los agresores eran familiares del menor, mientras que un 29,62% no tenían vínculo de parentesco con la víctima. Un 16,07% de los abusos fueron perpetrados por compañeros e iguales del niño.
Independientemente de la relación existente entre agresor y víctima, el 67,65% de los abusos sexuales fueron realizados por mayores de 18 años pero un 19,88% eran también menores. En cuanto al sexo, el 92,64% de los agresores sexuales eran hombres y sólo un 1,9% mujeres (la diferencia hasta cien, al igual que en las estadísticas anteriores, obedece a casos en los que se desconoce ese dato).
