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El 50% de las viviendas andaluzas no tiene ascensor

Chamizo pide la modificación de una ley para hacer accesibles las casas a personas de movilidad reducida

el 25 oct 2010 / 18:45 h.

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El esfuerzo que puede suponer subir a pie tres plantas de un edificio para una persona cualquiera es una odisea para personas mayores o aquellos que tienen movilidad reducida. Para poner remedio a esto, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, entregó ayer un informe a la Presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, para modificar los requisitos que permiten llevar a cabo este tipo de reformas en un edificio.

La mitad de las viviendas de tres o más plantas que existen en Andalucía incumple las normas de accesibilidad en las infraestructuras en la comunidad al no poseer ascensor. Esto significa que en torno a 1.765.513 personas residentes en 580.761 viviendas ven limitada su movilidad, según Chamizo. El informe El parque residencial sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad, que puede consultarse en la web, recomienda la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para reformar estas viviendas o facilitar ayudas públicas destinadas a tal efecto.

Según el reglamento, es obligatoria la instalación de ascensor en todo edificio de dos plantas sobre rasante con más de seis viviendas, y en aquellos que tengan tres o más plantas independientemente del número de viviendas.
El problema es que esta normativa es aplicable a los edificios de nueva construcción, y no para el parque inmobiliario preexistente. Pero, con visiones de futuro, estipula que todas las viviendas deberán ser accesibles de acuerdo al reglamento para 2019.

En este sentido, el primer escollo es que en la normativa vigente para realizar reformas como la instalación de un ascensor, deberán estar de acuerdo las tres quintas partes del total de propietarios. Sin embargo, si la ejecución de las obras tiene por "finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a personas con discapacidad", basta con el voto favorable de la mayoría, que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación.

Por otra parte, cuando un inmueble haya terminado su edificabilidad y se hayan estipulado los espacios públicos y privados, es difícil obtener la licencia de obras ya que, al ser un acto reglado, esta sólo se puede obtener si el proyecto de obra es conforme al plan urbanístico. Teniendo en cuenta los obstáculos para cumplir con la normativa de aquí a 2019, los poderes públicos deberán contribuir con ayudas a fin de que para entonces todas las casas sean accesibles, ya que se trata de un "grave problema que afecta a personas mayores y discapacitadas", afirmó Chamizo.

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