El 66% de los demandantes de VPO prefieren el alquiler a la compra

La restricción del crédito bancario cambia la tendencia y ya no se busca una vivienda en propiedad. El perfil de los 30.000 solicitantes inscritos en los registros municipales es el de jóvenes, entre 25 y 35 años con ingresos anuales inferiores a 18.000 euros.

el 21 ago 2010 / 19:17 h.

La Ley de Vivienda ha sustituido los sorteos de VPO por los registros de demandantes donde se bareman las solicitudes.
La crisis ha dado la vuelta a las posibilidades y preferencias de los andaluces a la hora de acceder a una vivienda. Tradicionalmente, los que pedían una VPO peleaban por lograr un piso en propiedad, pero las enormes dificultades a la hora de conseguir una hipoteca han hecho que los demandantes de vivienda protegida se inclinen más por los alquileres. El 66% de las personas apuntadas en los registros municipales de VPO prefieren arrendar y la mayoría de ellos solicita la fórmula del alquiler con opción a compra. Es una de las conclusiones que se desprenden del retrato robot del solicitante de vivienda protegida que ha elaborado la Consejería de Obras Públicas a partir de los datos de los primeros 30.000 inscritos en los registros.

 

Estas bases de datos -obligatorias desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el pasado marzo- permitirán a los ayuntamientos conocer la necesidad real de pisos protegidos de sus municipios y les obligarán a diseñar una oferta ajustada a esa demanda. Los registros pondrán fin a los sorteos e inauguran un sistema de baremación -puede regirse por la antigüedad en la inscripción- que tendrá en cuenta las circunstancias personales y económicas del solicitante.

El perfil del demandante tipo es el de una familia joven -el tramo de 25 a 35 años es el más numeroso-, con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales y que busca una VPO de alquiler con opción a compra. Esta modalidad permite adquirir el piso pasados entre siete y diez años y descontar del precio final el dinero que se haya pagado en las cuotas del arrendamiento.

Sólo el 34% de los interesados (10.200) ha pedido una casa en propiedad, lo que constata un cambio de tendencia significativo. A la restricción del crédito bancario se suma otro hándicap que influirá sin duda en que haya menos solicitudes de pisos en propiedad: el fin de las ayudas estatales a la compra de VPO. A partir de 2011, el Gobierno tiene previsto suprimir las subvenciones directas al pago de la entrada, que oscilan entre 4.000 euros hasta 11.200 en el caso de familias con cinco hijos cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el salario mínimo, unos 18.000 euros al año.

Los que más se apuntan en los registros de demandantes siguen siendo los jóvenes. El 70% del total de inscritos tiene menos de 35 años y es el colectivo que mejor reúne los requisitos de acceso a una VPO: no tienen otra vivienda en propiedad y su renta es limitada. El 92% de los demandantes no supera los 18.000 euros de ingresos familiares al año. Además, a los jóvenes van dirigidos muchos de los programas incluidos en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, como la vivienda joven en venta, el alquiler con opción a compra, la VPO en régimen especial y los alojamientos universitarios.

Criterios. Aunque los registros de demandantes deberían estar en funcionamiento desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, no todos se han puesto en marcha. Casi la totalidad de los ayuntamientos (717) han presentado las ordenanzas para la creación de sus bases de datos, pero desde que dan este paso hasta que el registro arranca pasan unos tres meses o más. Antes la Junta tiene que darles el visto bueno. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha echado para atrás las ordenanzas de 87 consistorios por tratar de imponer criterios de selección discriminatorios.

Algunos consistorios del área metropolitana quieren primar a los ciudadanos que vivan y trabajen allí. Otros, en igualdad de condiciones, pretenden beneficiar a sus vecinos y pedirles a cambio de tres a cinco años de empadronamiento.

Todos los registros deben cumplir con una serie de requisitos que garanticen el acceso a una vivienda en igualdad, como permitir que un ciudadano opte a una VPO en tres municipios distintos. Respetando estas condiciones, cada ayuntamiento puede elegir la forma de adjudicar los pisos protegidos, bien por baremación -la más recurrente-, antigüedad en la inscripción o mediante los sorteos.

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