54 ayuntamientos están haciendo ya con la Junta inventario para saber cuántas edificaciones tienen en suelo no urbanizable. Muchos de ellos, como Alcaucín, se han visto forzados a realizar el recuento después de las tropelías urbanísticas cometidas. Hasta ahora han contabilizado 4.462 viviendas. El 75% se asienta en Almería y Málaga.
En la última década, muchos municipios -que ejercen las principales competencias urbanísticas- han obviado el control del ladrillo, bien por la falta de medios o bien porque, en muchos casos, mirar para otro lado aportaba grandes beneficios económicos. Desde que se creó la Dirección General de Inspección en 2005 -nacida para perseguir las ilegalidades- la situación empezó a cambiar. La Junta intensificó el diálogo con los ayuntamientos porque sin ellos es imposible tener una radiografía de las irregularidades.
El primer paso de esta colaboración se plasma en la elaboración conjunta de inventarios para hacer recuento de las edificaciones sobre suelo no urbanizable que existen en un pueblo. 54 municipios están inmersos en este trabajo y hasta ahora han contabilizado 4.462 viviendas. El 75% de ellas se asientan en Almería (2.192) y Málaga (1.113). En Sevilla se han localizado 445 construcciones; en Jaén, 300; en Cádiz, 284; en Córdoba, 99, y Huelva es la que registra una cifra menor: 29. Pero no todas esas edificaciones son ilegales. Una vez identificadas, lo siguiente es redactar el Plan de Inspección Municipal, el documento que decidirá qué casas pueden ser regularizadas, cuáles deben quedar fuera de ordenación y cuántas acabarán por derribarse.
Los consistorios que, de momento, se han implicado más en la labor de inspección -porque la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio les tiene echado el ojo por la proliferación de las construcciones irregulares- son los de Málaga, Almería, Huelva y Cádiz. En el listado aparecen localidades muy tocadas por el urbanismo irregular, como Marbella, Estepona, Alcaucín -la última trama corrupta destapada- (y otros pueblos de la Axarquía malagueña); Chiclana, Algeciras, La Línea o Vejer, en Cádiz, o municipios de la sierra de Huelva, como Aracena, y de Sevilla, como Castilblanco. Hasta ahora sólo dos capitales han comenzado el recuento de sus construcciones irregulares: Córdoba, donde el ejemplo más escandaloso son las viviendas levantadas en el entorno arqueológico de Medina Azahara, y Granada, con la zona problemática de La Vega. Las grandes ciudades suelen escapar de la ilegalidad del ladrillo porque en ellas no abunda el suelo no urbanizable.
El inventario es sencillo. Consiste en una serie de fichas que recogen todas las características de la vivienda en cuestión: su ubicación exacta, en qué situación legal se encuentra (si tiene licencia o no, si está denunciada en los tribunales) y su uso preciso (primera residencia, segunda, uso agrícola, etc). La Junta asegura que dar una cifra de las casas ilegales que hay en Andalucía es todavía imposible, pero conocer el número de las edificaciones es su objetivo. Los inventarios son el recuento más fehaciente.
Pese al elevado número de viviendas ilegales que existen en Andalucía, solo un ínfimo porcentaje de ellas acaba bajo la piqueta. Desde 2005 sólo se han podido tirar 31 construcciones. El tiempo de demora en los tribunales permite que en un municipio se asienten casas clamorosamente ilegales. Para evitarlo, la Consejería está preparando un reglamento de disciplina urbanística -que se apoya en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía- que permitirá a Junta y ayuntamientos derribar casas "manifiestamente ilegalizables" en un plazo de un mes y sin necesidad de que sea un juez quien autorice la demolición.
