El 77% de los 1871 españoles que están detenidos en el extranjero, lo está por tráfico de drogas a pequeña escala o consumo, según los últimos datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que advierte de que el 30% de estas detenciones se llevaron a cabo en países europeos.
Estas fueron las cifras destacadas por la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, durante la presentación de la IV Campaña del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Fundación Ramón Rubial-Españoles en el Mundo para alertar, antes de las vacaciones de verano, de las consecuencias que puede traer al viajero el transporte o consumo de drogas en otros países.
El lema de la campaña, que tiene la colaboración de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, es Acércate a las drogas en el extranjero y cualquier país será tu prisión. Durante la misma se distribuirán en aeropuertos, estaciones, comisarías, ayuntamiento, consulados y centros de vacunación de Sanidad, unos 2.400 carteles y 200.000 postales con la advertencia.
Los países con más españoles detenidos por drogas son, hasta el 1 de junio, Marruecos con 181, Perú con 152, y Portugal con 102. Por regiones, la mayoría de los detenidos españoles suelen vivir en el momento de su detención en Cataluña, en un país extranjero, Andalucía, Madrid y Valencia mayoritariamente.
Para Moya, el objetivo de esta edición de la campaña es acabar "con el falso mito de que hay países muy tolerantes hacia el consumo de drogas y de que se puede ganar dinero fácil traficando a pequeña escala" en el extranjero. Asimismo, Sanidad y Justicia buscan concienciar del peligro que corren estas "mulas" de la droga de acabar en prisión, a veces en países más pobres con cárceles donde no se garantiza ni la cobertura de necesidades básicas ni sus derechos.
Castigos.Además, quisieron advertir a los viajeros, sobre todo a los más jóvenes, de que en la mayor parte de los países "el consumo de drogas en la vía pública o en locales de ocio está penado" y que también en Europa pueden surgir problemas por el tráfico a pequeña escala. "Lo más probable es que terminen en la cárcel en condiciones de reclusión muy duras, a muchos kilómetros de sus familias, en países donde desconocen las leyes, los derechos que les asisten, el idioma y donde no siempre se respetan los derechos humanos", recalcó.
En la misma línea, la directora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, Aurora Mejía destacó que algunas legislaciones son "muy duras", pudiendo llegar incluso a la pena de muerte o cadena perpetua. Aseguró que el Gobierno ha pedido el traslado a España de la mitad de los presos españoles que están fuera pero que este trámite dura entre dos y tres años y sólo se puede iniciar con una sentencia firme.
