La violencia escolar no es un fenómeno social que se mida en términos cuantitativos, dicen los expertos. ¿Por qué? Porque no tiene la misma relevancia social que los casos de agresiones en la escuela se hayan reducido al 2% -como anunció ayer la Consejería de Educación-, que el que una sola profesora se dé de baja por la bofetada de un estudiante.
El Observatorio por la Convivencia Escolar de Andalucía presentó ayer su informe anual, relativo al curso pasado 2009-2010. Todos los casos de conflictividad analizados fueron grabados en el sistema informático de la consejería (Seneca). El informe afecta a 782.485 alumnos (el 70% del total). Según el estudio, la violencia escolar se ha convertido en un reducto del sistema educativo. Los casos catalogados como graves o muy graves -agresiones físicas, vejaciones, destrozos, amenazas- han bajado del 3,3% al 1,98% en un año. En términos absolutos, fueron 22.000 alumnos quienes pegaron o humillaron a otro estudiante o a un profesor. Unos 4.926 docentes fueron agredidos físicamente (0,44%).
Los centros educativos dictaron 244.000 medidas correctoras, desde la expulsión y cambio del colegio del agresor (para las más graves) hasta una leve amonestación. Fueron 11.000 menos que el curso anterior. El 78% de las sanciones impuestas han sido expulsiones temporales del colegio o expulsión de la clase. Unos 231 alumnos fueron cambiados de grupo. Normalmente, cuando a un chico conflictivo se le separa de un entorno hostil en el que se ha hecho fuerte, su rol de infractor decae. Unos 54 estudiantes fueron expulsados y trasladados a otro centro escolar (en el curso 2008-2009 llegaron a ser 86 expulsados). La mayoría de infracciones graves (75%) fueron cometidas por chicos de 14 y 15 años, frente al 25% de las chicas.
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, explicó ayer que la violencia en la escuela es más habitual "entre alumnos" que "contra el profesor". Desde que entró en vigor el primer decreto de convivencia escolar, hace cuatro años, todas los colegios e institutos han ido incorporando progresivamente programas para prevenir y mitigar los conflictos en el aula. Fue una normativa que surgió con el debate de la pérdida de autoridad del profesor y la falta de respeto que les profesaban los estudiantes. Cualquier agresión próxima al colegio -sobre todo si afectaba a un maestro- alcanzó una especial sensibilidad en la sociedad.Jaleada por los partidos políticos y por los medios de comunicación, la normativa de convivencia escolar se endureció el año pasado (integrada en los Reglamentos Orgánicos de Centro). Las medidas correctoras se hicieron más rígidas y los derechos del profesorado duplicaban a los del alumno. También la Fiscalía Superior de Andalucía se alió con la consejería, estableciendo un protocolo de intervención para que cualquier agresión a un docente fuera tratada como un delito de atentado a la autoridad pública, y castigada con la cárcel.
Todo este contexto envuelve un fenómeno -la conflictividad en las aulas- del que el 94,03% del alumnado andaluz es ajeno, según los datos del Observatorio.Conductas contrarias a la convivencia como interrumpir al profesor (2%), faltar sin justificación (0,66%), dificultar el estudio (1,13%), dañar las instalaciones (0,52%) o llegar impuntual (0,68%) apenas son apreciables en el informe presentado ayer.
A pesar de todo, la convivencia escolar es un tema específico con un tratamiento concreto en las escuelas. Desde 2007 existen gabinetes provinciales que asesoran a los profesores que tienen alumnos problemáticos, 76 educadores sociales de apoyo, y hay 1.867 centros que forman parte del programa Escuela Espacio de Paz. Además cada colegio ha elaborado su propio plan de convivencia y ahora Educación pretende elaborar "un mapa escolar para divulgar los mejores proyectos de convivencia, para que sirvan de inspiración a otros", explicó el consejero.
