Una administración, una competencia. Esa es la máxima de la reforma de la administración local del Gobierno de Mariano Rajoy que ha provocado el rechazo frontal de Andalucía. El Ejecutivo andaluz amaga con recurrir ante el Constitucional la futura ley porque, a su juicio, choca con el Estatuto andaluz, supone una vuelta al "municipalismo franquista" y desembocará en la "privatización" de servicios. La Junta alerta de que el 87% de los municipios de la comunidad (689) podrían perder gran parte de sus competencias por la nueva reorganización administrativa. De ellos, hay 530 (el 68% del total) que tienen menos de 5.000 habitantes y que directamente podrían pasar a fusionarse o agruparse con otros si no fueran viables.
La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en manos del vicepresidente de la Junta Diego Valderas, ya ha hecho una primera aproximación de lo que supondrá en Andalucía la polémica reforma local del PP. Denuncian que el 87% de los ayuntamientos de la comunidad verán mermada "gravemente" su autonomía local. En estos municipios viven tres millones de andaluces (el 30%). La futura norma -el viernes se aprobó el informe del anteproyecto de ley- busca ahorrar 7.129 millones de euros en toda España básicamente evitando las duplicidades (que dos administraciones asuman la misma competencia), eliminando sueldos y personal.
La madre del cordero está en los servicios que cambian de mano. El documento que el Consejo de Ministros dio el visto bueno da un mayor poder a las Diputaciones Provinciales, unas instituciones cuyo papel está en entredicho y que ahora el Gobierno central hará protagonistas. Podrán hacerse cargo directamente de las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (en Andalucía 689) si estos no cumplen unos estándares de calidad marcados por el propio Ejecutivo. Por real decreto se establecerá el coste máximo de los servicios básicos (basuras, abastecimiento de agua, protección civil, viales, salubridad pública y cementerios) que los pequeños pueblos deberán cumplir si no quieren perderlos. Ahí es donde la Junta, y los dos partidos que la conforman (PSOE e IU), ven el riesgo a la privatización, porque muchas de las Diputaciones, también ahogadas financieramente, no van a prestar esos servicios, sino que contratarán a empresas externas, denuncian desde la izquierda.
La reforma también permitirá a las comunidades autónomas rescatar servicios que ahora delegan (como limpieza de colegios, teleasistencia o guarderías) o bien cedérselos a los ayuntamientos a través de un convenio que determine su coste y se asegure su financiación. La Junta cree que este punto también contradice el Estatuto y choca con las leyes locales aprobadas en Andalucía. Otros ayuntamientos del PP han mostrado sus reticencias a la reforma local y han obligado a este partido a limar algunos de sus aspectos más polémicos.
sueldos // La consejería de Diego Valderas aún no ha calculado cuántos concejales no podrán tener dedicación exclusiva y, por consiguiente, un sueldo. El cruce de datos es complicado, advierten desde su departamento. En Andalucía hay 9.031 ediles, según datos de la Junta al cierre de 2011. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el viernes que el 82% de los concejales de toda España no podrán cobrar un salario. La reforma local también fijará un tope de sueldo en los ayuntamientos: el techo será la nómina de un secretario de Estado (100.000 euros brutos al año). Es lo que podrán cobrar los alcaldes de las seis ciudades más pobladas del país, entre las que se encuentran Sevilla y Málaga, ambas gobernadas por el PP.
Los regidores de los municipios que tienen entre 300.000 y medio millón de habitantes (entre ellos está Córdoba) percibirán un 10% menos (90.000 euros al año) y la horquilla irá bajando según descienda la población. Los pueblos de menos de mil habitantes no podrán pagar a nadie del pleno más allá de las dietas por asistencia. Además de un recorte en las nóminas, los ayuntamientos tendrán que prescindir de personal de confianza. En eso se apoya el PP andaluz para justificar el rechazo de la Junta a la reforma local de Rajoy. "No quieren echar a los enchufados", sostienen los populares. Sin embargo, la contención salarial y las plantillas más ajustadas solo supondrán 146 millones (el 2%) de los 7.129 que el Ejecutivo pretende ahorrar.
Los socialistas andaluces instaron ayer de nuevo al Gobierno a que retire "inmediatamente" la reforma local. El secretario de Política Municipal del partido, Francisco Conejo, la calificó de "una voladura" de los ayuntamientos y dijo que "solo busca rentabilidad económica sin tener presente en ningún momento la rentabilidad social". Auguró más destrucción de empleo y un "empeoramiento" de los servicios públicos.
