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El abogado de Guerrero avisa de una posible querella por prevaricación ante la suspensión de su condición de funcionario

el 12 ene 2012 / 20:30 h.

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Fernando de Pablo, abogado del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, considera la posibilidad de presentar una querella por la suspensión provisional de la condición de funcionario de su defendido, al entender que la decisión de la Junta de Andalucía podría constituir un delito de prevaricación por "una decisión injusta tomada a sabiendas de que es injusta".


De Pablo ha explicado a Europa Press que, hasta el momento, a su cliente y a él no se les ha notificado "absolutamente nada" sobre esta decisión que, según fuentes del Ejecutivo andaluz, no es sino una "medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".

Guerrero es uno de los principales imputados en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos.

Recientemente, su antiguo chófer cuando Guerrero aún ostentaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social declaraba a la Policía Judicial, en el marco de una investigación paralela por dos posibles delitos de fraude de subvenciones, que había usado la mayor parte de unas ayudas autonómicas en cocaína, "fiesta y copas" para Francisco Javier Guerrero y para él mismo, extremo incorporado por la juez Mercedes Alaya a su investigación.

De cualquier modo, Fernando de Pablos ha recordado que Francisco Javier Guerrero no sólo no está condenado o procesado, sino que "ni tan siquiera ha prestado declaración en sede judicial", pues como ha rememorado, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social solo ha comparecido ante los investigadores de la Policía Judicial.

Por eso, De Pablos considera que la Junta de Andalucía ha tomado "una decisión injusta a sabiendas de que es injusta", extremo que "posiblemente" derive en "una querella por un presunto delito de prevaricación" que sería atribuido a la Administración andaluza


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