El administrador judicial del paquete de Farusa, Francisco Estepa.
El administrador judicial del Betis, Francisco Estepa, remitió este lunes una nota de prensa en la que responde en público a quienes entienden que no puede continuar ejerciendo esa función por haber mantenido una relación laboral con Jorge Castro, el marido de la jueza Mercedes Alaya. El abogado admite que ese trato profesional existió, al contrario de lo que indicó la propia magistrada en un auto en el que atribuye esas informaciones a "bulos periodísticos".
"Ni con anterioridad ni con posterioridad a la aceptación del cargo de administrador judicial he tenido ni tengo interés directo ni indirecto en la causa judicial de la que resulta mi designación. No tengo ni he tenido amistad íntima ni enemistad manifiesta con ninguna de las partes del citado pleito, representante del Ministerio Fiscal, personal alguno adscrito al órgano judicial, titular del mismo incluida, ni con los cónyuges y/o parientes por consanguinidad o afinidad de los precitados", asegura Estepa, quien considera que no concurren en él "ninguna de las causas de tacha, abstención y recusación" previstas en la Ley.
El abogado, eso sí, admite esa relación laboral con Castro durante el concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez y también explica que en ese caso intervino el despacho que ahora defiende a Manuel Ruiz de Lopera, que fue contratado por uno de los imputados en la misma causa. Ahora bien, quien trabajó en el caso no fue José María Calero, sino una compañera de su bufete.
"Coincidí profesionalmente al intervenir en dicho proceso asumiendo mi propia defensa y en representación del resto de miembros de la administración concursal colegiada de Laboratorios Pérez Giménez, S.A., en cuanto fuimos injustamente acusados por el administrador social de la compañía, tal como se constató en dicho proceso", explica Estepa.
