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El abogado del 'Cuco' recurre ante la Audiencia para pedir su libertad hasta que haya sentencia firme

el 18 abr 2011 / 12:16 h.

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El abogado del menor conocido como el 'Cuco', condenado a dos años  y once meses de internamiento en centro cerrado seguido de un mes de  libertad vigilada por un delito de encubrimiento en relación a la  muerte de Marta del Castillo, ha decidido recurrir ante la Audiencia  Provincial el auto del Juzgado de Menores número 3 que rechaza el  levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el menor.  Así, ha pedido su puesta en libertad hasta que se produzca una  sentencia firme.  

En este sentido, el letrado del 'Cuco', que fue absuelto de la  violación y el asesinato de Marta del Castillo, ha informado a Europa  Press de que será esta semana cuando presente un recurso de apelación  ante la Audiencia Provincial en el que volverá a solicitar que se  levanten las medidas cautelares que pesan sobre el menor, como son la  estancia en un piso tutelado de Cádiz y la prohibición de acercarse a  menos de 50 kilómetros de la familia de la víctima.  

De este modo, el abogado del 'Cuco', Fernando de Pablo, pedirá en  este recurso la libertad para su cliente en tanto en cuanto no se  produzca una sentencia firme, pues hay que recordar que tanto la  Fiscalía como la acusación particular que ejercen los padres de la  víctima han recurrido la sentencia del Juzgado de Menores número 3  ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Así, el  Ministerio Público ha vuelto a pedir que se condene al 'Cuco' a seis  años de internamiento en un centro cerrado, seguido de tres años de  libertad vigilada.  

El juez de Menores número 1 de Sevilla, Alejandro Vián, dictó un  auto el pasado día 11 de abril en el que rechazada levantar las  medidas cautelares y argumentaba que, en casos como éste, "debe  primar también el interés superior del menor, y acceder al  levantamiento de las medidas cautelares en este momento supone la  interrupción del proceso de intervención educativo-resocializador que  se está llevando a cabo".  

En el auto, consultado por Europa Press, el juez ponía de  manifiesto que el artículo 28 de la Ley del Menor, cuando regula las  diferentes medidas cautelares que se pueden imponer, "únicamente fija  un plazo máximo de duración para la medida cautelar de internamiento,  pero no fija un plazo determinado de duración para las demás medidas,  por lo que debe entenderse que pueden permanecer vigentes hasta que  recaiga sentencia firme, sin perjuicio de su posterior compensación  en caso de sentencia condenatoria".  

LA LEY DE MENORES "PARA LO QUE BENEFICIA Y PARA LO QUE PERJUDICA"

"Puede alegarse que ello provoca una situación de desigualdad en  el caso que nos ocupa, ya que existen imputados mayores de edad a los  que se imputa el mismo delito por el que ha sido declarado  responsable el menor y que se encuentran en libertad, mientras que el  menor está sujeto a una medida más restrictiva de sus derechos  fundamentales a la libertad en sus distintas facetas", según  proseguía el juez, quien añadía que, no obstante, "no puede obviarse  que al menor se le debe aplicar, como no podía ser de otra manera, la  legislación de menores vigente en el ordenamiento jurídico, y ello es  así para lo que beneficia y para lo que perjudica".

Asimismo, el juez rechazaba las argumentaciones planteadas por el  letrado del menor condenado al entender que la situación procesal en  la que se encuentra "es completamente legal por aplicación del  artículo 28" de la Ley del Menor, "no dejando de extrañar que se  plantee en este momento --cuando el menor lleva en esta situación  desde noviembre de 2009-- la posible situación de ilegalidad procesal  en que pudiera estar, cuando se ha venido consintiendo la misma, no  sólo por la defensa, sino por todas las partes personadas".  

Así, el juez argumentaba que el mencionado precepto "no prohíbe en  ningún momento la posibilidad de adoptar una nueva medida cautelar  una vez finalizado el plazo máximo de duración de la medida cautelar  de internamiento", aunque considera que "para ello deberá existir  alguna causa legítima que justifique la adopción de una nueva medida  cautelar". Tras ello, señalaba que, en el caso del 'Cuco', "la causa  legítima existe".  

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