El abogado de Juan Francisco Trujillo, el exchófer del que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a quien la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares imputa 22 delitos, ha renunciado a su defensa. En un escrito elevado al Juzgado el pasado 1 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el hasta ahora letrado de Trujillo, Antonio Aguilar, hace constar su renuncia a la defensa jurídica del imputado, una circunstancia que "previamente ha sido puesta en su conocimiento". Hay que recordar que Juan Francisco Trujillo, imputado en esta causa por 22 delitos, estuvo interno en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) entre el 21 de marzo y el 15 de octubre de 2012, cuando salió en libertad sin fianza por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla. En su declaración de marzo de 2012, declaró, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en cocaína, según fuentes del caso consultadas por Europa Press. Trujillo fue, además, una de las nueve personas ya imputadas en la causa que fueron llamadas a declarar en marzo de 2013 por la juez dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE. Tras declarar, la magistrada acordó dejarlo en libertad con cargos. En esta última declaración, Trujillo reveló que el exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías "llamó en varias ocasiones" a Guerrero para incluir a 'intrusos' en varias prejubilaciones, aunque dijo no recordar "el nombre de los 'intrusos' señalados por Zarrías" porque "eso fue un comentario que le hizo Guerrero pero no le dijo nada más". También aseguró que "sabe" que Guerrero se reunió con José Antonio Griñán cuando éste era consejero de Economía y Hacienda "y también con el secretario de Hacienda o el secretario de Economía para desatascar el retraso que había en los pagos de subvenciones, pólizas y ayudas", algo que "sabe porque Guerrero se lo comentó en el trayecto de vuelta desde la Consejería de Hacienda a la Dirección General de Trabajo". FIANZA CIVIL DE 2,3 MILLONES Asimismo, dijo que "tiene conocimiento de llamadas de Griñán a Guerrero, por comentarios que éste le ha hecho, de que llamaba para interesarse por el tema y Guerrero le decía que tenían que ampliar los fondos para acabar con el retraso importante que había en los pagos". En su día, la juez impuso una fianza de responsabilidad civil de 2,3 millones de euros a Trujillo, a quien el Juzgado declaró insolvente posteriormente después de encontrar sólo 1,64 euros en sus cuentas bancarias.
