Abortar en España antes de la semana 14 de gestación no será delito, ni tampoco hacerlo antes de la 22 si hay riesgo de vida para la madre o el feto presenta graves anomalías. El anteproyecto de ley ampara también a las menores que desde los 16 años podrán abortar sin el permiso paterno.
Así lo decidió ayer el Consejo de Ministros, que aprobó el histórico anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva. Con esta nueva normativa, el Gobierno trata de equiparar el país al resto de Europa dado que en 20 países de la UE las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo durante las 12 primeras sin condiciones. Actualmente, la Ley del Aborto de 1985 lo despenalizó en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.
Hasta la semana 14 de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente de acuerdo con el nuevo anteproyecto de ley aprobado ayer siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer si decide seguir con la gestación.
De manera excepcional hasta la semana 22 la mujer podrá abortar si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. Además, la interrupción voluntaria del embarazo será una prestación pública y gratuita, y el Estado velará por su cumplimiento en todas las comunidades a través de inspecciones.
La futura ley, según Aído, ha sido redactada tras buscar "el máximo consenso posible". "Ha habido un gran debate, hemos escuchado al Parlamento, a los expertos, a las organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, profesionales", señaló la ministra, quien reiteró que no cree que sea posible "proponer una ley más equilibrada que ésta".
La responsable de Igualdad también recalcó durante su comparecencia pública que el objetivo del Gobierno es frenar el incremento de los embarazos no deseados que se ha producido en los últimos diez años, tal y como recomiendan los principales organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y las Naciones Unidas.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que las palabras "derechos, garantías, seguridad y respeto" definen este anteproyecto. Junto a ella, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró que el anteproyecto es "el más equilibrado posible" y está "en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno". Dicho documento, elaborado a raíz de un informe de 49 páginas redactado por un comité de expertos -nueve personas- para el Ministerio de Igualdad, sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, lo que según Aído, trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas.
Según los datos del año 2007, en España se produjeron 10.600 embarazos en chicas menores de 18 años. Y de las 112.000 interrupciones voluntarias del embarazo, 6.273. se dieron en menores de 18 años. Además, 4.400 menores de 18 años fueron madres. La ministra destacó las acciones informativas para prevenir los embarazos no deseados y la formación de profesionales sanitarios, enmarcado todo ello dentro de un Plan de Salud Sexual y Reproductiva. Dicho plan será revisado cada cinco años con las comunidades autónomas, los comités científicos y las organizaciones sociales, y las estrategias se repasarán cada dos años. "Damos rango de ley a la educación sexual, a la prevención de los embarazos no deseados", destacó la ministra Aído.
Por último, la ministra Aído apuntó como una de las principales condiciones para que la mujeres podrán interrumpir su embarazo que hayan recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad como mínimo tres días antes de la intervención quirúrgica.
