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El adjunto de Mercasevilla fue cesado con sus faltas ya prescritas

El Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla, tuvo conocimiento en febrero de la grabación de la supuesta petición de comisiones; y en junio de la auditoría en la que se detectan irregularidades. Sin embargo, el expediente a Daniel Ponce que desembocó en su destitución se abrió el 22 de septiembre. Con sus faltas ya prescritas

el 09 oct 2009 / 20:20 h.

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El Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla, tuvo conocimiento en febrero de la grabación de la supuesta petición de comisiones; y en junio de la auditoría en la que se detectan irregularidades. Sin embargo, el expediente a Daniel Ponce que desembocó en su destitución se abrió el 22 de septiembre. Con sus faltas ya prescritas.


El convenio laboral de Mercasevilla señala que las faltas muy graves prescriben "a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido". Los plazos, en el caso de Daniel Ponce, el director adjunto de Mercasevilla imputado por su participación en la supuesta petición de comisiones al Grupo La Raza e implicado en las irregularidades contables detectadas en la auditoría de Deloitte, no cuadran.


Después de numerosos estudios internos, Daniel Ponce, fue destituido el pasado martes seis de octubre tras el segundo expediente disciplinario que se le abrió, acordado en comisión ejecutiva el 22 de septiembre de 2009, según un comunicado difundido entonces por el Ayuntamiento. Habían pasado cuatro meses desde que la primera auditoría de Deloitte -que aún debe completarse con un informe más extenso- fue entregada a la dirección de Mercasevilla y casi ocho meses desde que Ayuntamiento y Junta tuvieron conocimiento de las grabaciones existentes tomadas por los empresarios del Grupo La Raza. Fuentes sindicales consultadas subrayan además que se puede tomar como referencia no el informe sino el momento en el que la empresa es consciente de las irregularidades, esto es, por ejemplo, cuando detecta que hay gastos sin justificar en el viaje que Ponce realizó a Vietnam, una de las irregularidades que se incluyeron en la carta de despido.


La defensa de Daniel Ponce usará estos argumentos a la hora de denunciar el despido como improcedente o nulo como ya ha anunciado, salvo que haya un acuerdo previo. Según lo recogido en el convenio de la empresa, el ex director adjunto tiene derecho, en caso de que le dieran la razón los tribunales, a una indemnización de sesenta días por año trabajado, tomando como referencia su último sueldo. El resultado son unos 270.000 euros, teniendo en cuenta que llevaba 27 años en Mercasevilla.


De hecho, los servicios jurídicos ya advirtieron en el primer expediente del elevado coste económico de su despido ante las altas posibilidades de que fuera declarado improcedente. En el segundo expediente, el propio comité de empresa presentó alegaciones, no en defensa de Daniel Ponce, sino para advertir de las consecuencias de realizar este despido transcurrido tanto tiempo y teniendo en cuenta que sólo estaba imputado por cohecho -sin una sentencia contraria no se justifica un despido- y que los delitos societarios se basaban en una auditoría inicial que ya una juez ha considerado insuficiente para presentar una querella por delitos societarios, como intentó la ejecutiva de Mercasevilla.
Durante varios meses, el Ayuntamiento optó por obedecer a sus servicios jurídicos y aplazar el despido de Daniel Ponce hasta que hubiera una sentencia firme, una postura que provocó que prescribieran los plazos previstos en el convenio. Finalmente, se relanzó el asunto tras las continuas denuncias del PP y, sobre todo, después de que la oposición difundiera los datos sobre el Expediente de Regulación de Empleo que Ponce negoció -entre otros muchos trabajadores de la empresa- y que se basaba en un plan de prejubilaciones. Los populares hicieron sus cálculos y resolvieron que el ex director adjunto podría llegar a cobrar 4.800 euros al mes durante 15 años, unos 865.000 euros en total. Las cifras calculadas por este periódico son más bajas, ya que se toma como referencia la cotización máxima a la Seguridad Social y no el sueldo, lo que sitúa la cuantía en 3.166 euros al mes, lo que conlleva que podrá percibir un máximo de 507.060 . Con la indemnización sólo puede llegar a 270.000 euros y podría cobrar incluso el sueldo que le corresponde desde que fue destituido hasta la sentencia.

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