La Memoria del año pasado de la Fiscalía General del Estado recoge datos preocupantes en relación con los menores. Entre ellos, que cada vez son más los casos de violencia doméstica ejercida por los hijos adolescentes sobre sus progenitores. Los jóvenes que cometen ese maltrato suelen ser reincidentes, si bien estos casos ya no cumplen el patrón de darse en familias con niveles socio-económicos y culturales bajos.
Los expertos no se muestran sorprendidos cuando escuchan hablar de este fenómeno y coinciden en señalar como causa principal la permisividad que se ha instalado en las familias. “Los padres han dimitido de su labor de enseñantes”, opina Victoria del Barrio, experta en psicopatología infantil. Esta profesora de la UNED explica que los padres, cada vez más absorbidos por el trabajo, tienen poco tiempo para ver a sus hijos y de ello se deriva cierto sentimiento de culpabilidad. “Como le veo poco, que haga lo que quiera”, piensan los progenitores. Y el resultado es que, “cada vez más frecuentemente, los niños no tienen un sistema de inhibición de lo que les da la gana hacer, no aguantan la frustración de no poder tener aquí y ahora lo que les apetece”, relata Del Barrio. Así, cuando los padres dicen no, la emoción que se desencadena es la ira y, con ella, la agresividad.
La solución, según esta psicóloga, está en los primeros tres años de vida del niño, cuando “adquiere sus hábitos y aprende lo que se puede hacer y lo que no”. Del Barrio reconoce que “cuesta tiempo y esfuerzo estar ahí” pero asegura que si esta etapa educativa se descuida, cuando el niño llegue a la escuela el problema tendrá poco remedio.
El juez de familia Francisco Serrano coincide en este análisis y señala tres razones para que aumenten los casos de violencia de los hijos a los padres. La primera, la “comodidad”. “Los dos padres trabajan y no tienen tiempo para explicar a los niños el sentido de la palabra no, es más fácil decirles que sí”, explica. Además, destaca que la sociedad está fomentando últimamente que los niños sólo tengan derechos y no obligaciones, perdiéndose así el sentido de la autoridad, de la disciplina.
Por último, Serrano habla de “hipocresía” por parte del Estado cuando se limita a los padres las armas para corregir a sus hijos. “A un niño de tres años hay que explicarle cuando meta los dedos en un enchufe lo que es un voltio, pero darle un cachete está prohibido”, dice.
Sobre qué hacer una vez que el niño ha cometido la agresión, la Fiscalía indica que no siempre es posible ni está justificado el internamiento del joven, ya que puede deteriorar la relación de afecto paternofilial. La mayoría de las secciones de Menores son más partidarias de recursos como la convivencia con grupos educativos, así como de la mediación interfamiliar. En el caso de que el comportamiento del menor se convierta en delictivo, la Fiscalía propone castigos en beneficio de la comunidad.
Piensa lo mismo el profesor de Psicología Evolutiva de la UNED Miguel Ángel Carrasco, quien cree que “los centros masificados no responden a las necesidades de los niños” y que el internamiento puede desembocar en el “maltrato institucional”, en que el niño sienta que está sufriendo un “segundo abandono” al no tener un educador de referencia. Carrasco cree en una concepción reparadora del castigo, en medidas no punitivas, si bien reconoce que no son suficientes.
