"Hemos hecho un sacrificio aminorando las nóminas para no tener que despedir a miles de empleados públicos". Este argumento ha sido una constante entre los miembros del Gobierno andaluz desde que se dio a conocer el plan de ajuste. Pero esta frase, en concreto, la pronunció hace tres días Lucía Fígar, la consejera de Educación de Madrid, cuyo modelo de ahorro confronta abiertamente con el de Andalucía, defienden desde la Junta.
El Ejecutivo andaluz lleva semanas librando un pulso con los sindicatos de la Función Pública, intentando convencerles de que esta región, la única gobernada por una coalición PSOE-IU, va a contracorriente. En teoría, aquí se está recortando el gasto público con bisturí, mientras otras comunidades han metido el hacha. CCOO, UGT y CSIF lideran las movilizaciones en toda España contra los 17 planes de ajuste, y sus responsables federales de Función Pública no reconocen "la aldea gala andaluza". "Lo de recortar nóminas para no despedir es un discurso común. Siento defraudar, pero Esperanza Aguirre dice lo mismo. La diferencia es que ella metió la tijera antes", dice Mari Carmen Barrera, de UGT. Andalucía cifra en 24.000 los interinos que tendría que despedir si no redujera las nóminas, Murcia calcula unos 15.000; Valencia 25.000 y Madrid habla de "despidos masivos". Este debate, extrañamente, ha sorteado el hecho de que algunas medidas estatales, como el aumento de las horas lectivas, ya supone la eliminación de 5.000 profesores en Madrid y 4.500 en Andalucía. "Cuando oímos la noticia de los recortes andaluces fue un shock", dice Paca Aguilar, de CCOO. "Hasta entonces, desde Madrid defendíamos que un gobierno de izquierdas podía frenar los ajustes. Incluso a nivel estratégico habíamos sellado un pacto con PSOE e IU, pero ya no tiene sentido", advierte.
En el último Consejo de Política Fiscal las 17 comunidades se comprometieron a ahorrar de forma inminente 13.071 millones, sobre todo en sanidad y en educación, las que absorben más presupuesto. Para facilitar esos recortes, el Gobierno impuso unas reglas fijas y otras variables. Las segundas han permitido a las comunidades maniobrar con cierto margen en sus presupuestos. Cada una ha hecho lo que ha podido, pero todas, sin excepción, han rendido cuentas ante sus empleados de la misma forma. "Los recortes en una comunidad generan hábitos en las demás. Se copian modelos, se retroalimentan. Todas habían abusado de sus presupuestos, estaban endeudadas y todas lo solucionan a costa de sus funcionarios", dice Aguilar.
En España hay 2.700.000 empleados públicos. Los 17 planes de ajuste cargan la mayor parte del recorte en los salarios. Eso ha enfurecido al colectivo y ha originado una guerra de guerrillas en todos los sectores, desde la escuela a los hospitales. El debate del recorte salarial es el mismo en casi toda España y eso ha relegado a un segundo plano otro debate importante: algunas regiones están privatizando o fulminando servicios públicos, y eso también son despidos. Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana han dejado la gestión de algunos hospitales públicos a empresas privadas y han paralizado la atención a la Dependencia; Cataluña ha vendido empresas públicas y Aragón ha retirado 15.000 tarjetas sanitarias por estar en situación irregular. Andalucía, de momento, no ha cruzado esa línea roja.
Clara Asturias es profesora interina de Secundaria en Madrid y Bienvenido Cotán es enfermero en un hospital de la misma región. Ninguno de los dos se cambiaría por un maestro o por un sanitario andaluz. "A ellos les han rebajado las nóminas lo mismo que a nosotros", dice Clara. Los sindicatos advierten de que todas las regiones no partían de la misma base. "Un profesor vasco puede cobrar 400 euros más que un andaluz. El recorte del 5% no es lo mismo para los dos", dicen.
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borras, defiende que "los recortes a los andaluces son similares a los de Madrid o Valencia. Las únicas que no han bajado salarios son Castilla y León y Aragón, porque sus cuentas son las más saneadas". CCOO y UGT encabezan hoy las manifestaciones en todo el país. La indignación sindical es la misma y las justificaciones que dan los gobiernos regionales es intercambiable. En Navarra, el plan de ajustes ha roto la coalición de Gobierno PP-PSOE. Los populares han expulsado a los socialistas acusándoles de deslealtad por criticar los recortes. En Extremadura, donde IU ha puesto entre las cuerdas a un Gobierno popular en minoría, el presidente José Antonio Monago ha echado en cara a la coalición de izquierdas lo que sus compañeros andaluces están apoyando desde dentro del Ejecutivo. "Si lo mío son recortes, aquello son destrozos", ha dicho.
