Cuando hace casi un año Juan Ignacio Zoido gritó desde el balcón de la calle San Fernando que "no iba a defraudar a nadie", tras obtener la mayoría absoluta más holgada de la historia de Sevilla, no era consciente de que, con este mensaje, se había autoimpuesto un elevado listón que iba a ser mirado con lupa por los sevillanos. Un nivel de exigencia que quedó además grabado en un programa con 692 promesas, de las que, un año después, sólo ha podido tachar con rotulador grueso la derogación del Plan Centro -al que alude de puntillas en su balance, aunque es la primera medida que acometió-, las referidas a la austeridad y algunas que aluden a los servicios básicos como limpieza o cuidado de parques y jardines.
Ese triunfalismo inicial, que se disparó en ese baño de multitudes que recibió, ya con el traje de alcalde, en el Corpus de 2011 y se mantuvo incluso tras los 100 días del gobierno -cuando apuntó con rotundidad que finiquitaría en un año la deuda de 700 millones del Ayuntamiento-, se ha diluido en el transcurso de un año no exento de dificultades, sobre todo generadas por la crisis económica. "No se ha podido hacer más", admitió hace días, al comprobar que el arranque de mandato no fue lo fructífero que esperaba, ni siquiera en medidas como el cerco a los gorrilas y a la prostitución.
La "herencia recibida" por el anterior gobierno fue la justificación principal del PP a la hora de presentar un balance en el que aún no se atisba la batería de medidas de calado que pregonaba en la campaña previa al 22-M. Pero no es la única. El Ayuntamiento ha sido víctima de "una parálisis" combinada de la crisis y la sucesión de elecciones, por lo que optó por la senda de la micropolítica y de eventos singulares, que van desde la final de la Copa Davis o el mapping de Navidad hasta el certamen de Operación Talento.
La primera causa, la de la crisis económica, ha envuelto la gestión municipal en el manto de la austeridad. Zoido sí ha cumplido con su programa en parte en este punto: ha reducido los altos cargos, los salarios de gerentes de las empresas públicas, los coches oficiales... Sin embargo, no cumplió con la más popular de todas, que fue la bajada de impuestos. Una gestora como la delegada de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, tomó el mando en unas arcas que no están para tirar cohetes y empezó a hacer cuentas. El primer aviso llegó con las ordenanzas municipales, pero la de más empaque llegaría después, con la aprobación de un plan de ajuste que, aunque permite pagar una deuda de más de 54 millones a proveedores, obliga al gobierno a aplicar medidas retrictivas y que no figuraban en su hoja de ruta inicial: subida lineal de un 3% anual en todas las tasas y precios públicos hasta 2022, ampliación de la jornada laboral a la plantilla, recortes salariales en las empresas municipales y el proceso de disolución de Sevilla Global y Giralda TV figuran en un plan duramente criticado por la oposición, que cuestiona que el Consistorio esté hipotecado con unos intereses de 21 millones.
La otra deriva de la crisis es el aumento del empleo. Zoido se ha encontrado con un panorama difícil, más si cabe cuando se catalogó en plena campaña como el alcalde del empleo. Sin embargo, el papel que se otorgó no se ve reflejado, al menos, en las cifras del paro, que ha crecido en 13.000 personas desde que llegó. Su argumento ahora es que "el Ayuntamiento no es competente en la materia", aunque defiende igualmente que ha desbloqueado proyectos generadores de empleo como Ikea, la Ciudad de la Imagen o la zona franca en el Puerto de Sevilla. Esos proyectos están, por cierto, en su fase preliminar y todavía se pone en cuestión si se pondrán en marcha a tenor de la actual tesitura.
La otra excusa expuesta es la concatenación de elecciones. Ha sido un año de gobierno atípico, con cita en las urnas en noviembre y marzo. El alcalde esgrimió que los comicios generales y autonómicos han ralentizado la negociación entre administraciones. Pero en su debe está que tampoco huyó de ese clima de campaña, al compatibilizar la Alcaldía con ser cabeza de lista por Sevilla al Parlamento andaluz.
Las urnas trajeron consigo la parálisis y hasta la confrontación. Ahí está en la retina la carta del alcalde donde exigió al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, una batería de iniciativas, entre los que incluyó el Metro o la Ciudad de la Justicia. Unos proyectos que, con los recortes, tienen pocos visos de ver la luz al menos en un corto espacio de tiempo, si bien es cierto que para el inicio de las obras hace falta un paso previo al dinero: que Junta y Consistorio consensúen su trazado, en el caso del suburbano, o su ubicación, de la nueve sede judicial. Tras las elecciones andaluzas, ambas administraciones lanzan el mismo mensaje de conciliación para unir fuerzas contra la crisis. Pero esa anhelo choca con su visión política, como se palpa con los últimos frentes abiertos por la modificación del PGOU que permitiría construir aparcamien- tos en el Centro o las obras de la Torre Pelli, donde la visión del gobierno municipal y de la Junta son diametralmente opuestas.
