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Una Utopía acorralada entre cartas

Zoido y Susana Díaz se intercambian misivas y reproches sin que se vea atisbo de salida para las familias acampadas en la Plaza Nueva.

el 08 abr 2014 / 14:31 h.

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Corrala03 Acorralados en una maraña legislativa, «deslealtades» entre instituciones y pulsos políticos que se escenifican vía mensajería. Casi 72 horas después de que fueran desalojados por las fuerzas del orden público de las viviendas propiedad de Ibercaja, que ocuparon hace casi dos años, las familias de la Corrala Utopía pasaron su tercera noche frente a las puertas del Ayuntamiento exigiendo una vivienda. Pero la acampada, salvo por la proximidad de la Semana Santa –a medianoche del Viernes de Dolores debe estar desalojada la Plaza Nueva–, no está en el debate, que lo lidera el enroque de posturas vía carta. Hasta tres en día y medio: la del viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, al alcalde, Juan Ignacio Zoido; la de este a la presidenta de la Junta, Susana Díaz; y la de esta última, a modo de respuesta hacia el regidor. En este cruce, solo quedó claro que la solución, si llega, para las familias de la Corrala Utopía se adoptará «con respeto a la ley». La primera abrió el fuego y llegó a través del registro general. La Consejería de Fomento y Vivienda pedía al Gobierno de Zoido que aportara 16 viviendas –la Junta facilitaría seis– a su plan B para el realojo temporal hasta octubre cuando dispusiera de un edificio para el alojamiento definitivo. Era la solución alternativa tras frustrarse el acuerdo con Ibercaja, que mantuvo una oferta de acoger a las familias en otros hogares de la capital que al final retiró al hacerse efectivo el desalojo. En ella, venía un «tirón de orejas» al Consistorio después de cifrar en 528 las viviendas públicas «no visadas» y, por tanto, no habitadas ni entregadas.De ahí partió la base de la reacción del Consistorio. Primero el lunes, con la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco, que aclaró que no pueden priorizar a personas «que han dado la patada en la puerta» frente a un listado de 388 familias que han realizado los procedimientos legales –como un baremo social– para optar a un inmueble. Tal postura, con la que se cerraba la opción de ceder esas 16 viviendas a la Junta, se reforzó ayer, a través de otra carta, esta vez escrita por el alcalde y dirigida a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la que defendió el papel del Ayuntamiento y cuestionó «la legalidad» de la petición formulada por la Junta, a la par que criticaba «la falta de rigor y lealtad institucional» por exhibir un volumen de viviendas vacías que «no concuerdan con la realidad». Para ello, se arropa con informes de Emvisesa que avalan que «todas se encuentran en proceso de adjudicación». «O tienen contrato o están ya reservadas o están sujetas al registro de demandantes o al baremo social», precisa la misiva. Pese a tal afirmación ni Zoido por carta, ni el portavoz del Gobierno local,Curro Pérez, que realizó la lectura pública de la misiva en rueda de prensa, pudieron concretar el número exacto de viviendas inmersa en el citado proceso de adjudicación. Sí aportó, en cambio, la demanda que hay en Sevilla, cuantificada en el Registro de Demandantes de Vivienda: 12.351 candidatos. Pérez ahondó en la postura plasmada en papel por el regidor y añadió que, de tener esas viviendas, no podrían «saltarse la legalidad», salvo que la Junta declare «un decreto de excepcionalidad» y explique a las personas «que legítimamente tienen derecho a esas viviendas» por qué no podrán vivir en ellas. Apartir de tal razonamiento, cuestionó el hecho de que no se formalizase el pacto alcanzado con Ibercaja para realojar a los vecinos, que ofreció 22 viviendas, y que ahora «resulta extraño que las demandas caigan sobre el Ayuntamiento», que actuó de mediador. «La Junta es la que tiene el problema», manifestó Pérez. De igual manera, precisó que solo tres familias de la Corrala Utopía habían solicitado un alquiler social, a la que se sumó, en plena comparecencia, una nueva familia que acudió ayer a los servicios sociales. E insistió en que han cumplido con lo exigido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, al ofrecer ayuda y alojamiento temporal en albergues «que no han aceptado». Tras esa arenga pública, por escrito y in voce, llegó la respuesta. Y fue a través de otra carta, esta vez con Zoido en el remite. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, respondió de manera escueta. Cuestionó que «en términos de lealtad institucional» no era el mejor modo conocer la carta del alcalde por los medios de comunicación, a la par que notificó que ha dado traslado a Fomento y Vivienda para que le informen de «todo lo que aborda en su escrito». Y aclaró que no admitirá «ninguna solución al problema que usted plantea que no suponga un escrupuloso respeto a la ley». En ese sentido, Fomento y Vivienda precisa que para habilitar esas viviendas no hace falta que solicite la excepcionalidad a la Junta, ya que «la ley permite que lo hagan los servicios sociales». También indican que buscan una salida por «mandato» del Tribunal europeo y que el Consistorio «puede actuar» porque tiene 528 viviendas «no visadas, algunas de ellas, con una calificación definitiva de 2008».

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