El portavoz del Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla, el concejal Curro Pérez, ha insistido este viernes en que es "inaceptable" el gesto protagonizado por cinco familias al ocupar por la fuerza varias de las 220 viviendas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, donde actualmente se alzan estas viviendas protegidas conocidas como Nuevo Amate. Según Pérez, ninguna de estas familias habría emprendido el procedimiento correspondiente a la petición de una VPO.
El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.
Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.
OCUPACIÓN ILEGAL Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias han accedido a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, sin contar con relación contractual alguna con los pisos en cuestión, extremo que ha motivado que Emvisesa, como titular de las viviendas, haya denunciado la usurpación de las mismas. De momento, la Policía Nacional y la Policía Local siguen vigilando la zona a la espera de las consecuencias de la denuncia promovida por Emvisesa.
En el marco de este conflicto y el consiguiente debate público, Curro Pérez ha manifestado que mientras las familias alegan que "llevan toda la vida" reclamando a Emvisesa una VPO, por la documentación que obra en la sociedad municipal de la vivienda, dos de estas familias ni siquiera habrían tenido contacto con Emvisesa para optar a una vivienda protegida y las tres restantes "se habían interesado por carta" en la posibilidad de solicitar una VPO y "se les contestó" emplazándoles a comenzar el procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de una vivienda protegida. Estas familias en cuestión no habrían llegado a materializar su solicitud, según Pérez.
En ese sentido, ha explicado que de las 220 viviendas protegidas de Emvisesa, todas ellas en régimen de alquiler, cien han sido ya entregadas, cuatro están pendientes de entrega tras la formalización de sus contratos, 15 están "reservadas" y las restantes 101 viviendas protegidas están sujetas al procedimiento reglado que regula este tipo de adjudicaciones. En ese sentido, ha explicado que merced al registro de demandantes de vivienda protegida, media una lista de adjudicatarios iniciales de cada uno de los pisos aún por habitar y dos listas de suplentes por el mismo número. "Es inaceptable que se de una patada en la puerta para acceder a una VPO. Tenemos que defender a quienes han pasado por el sistema, que está reglado por la Ley", ha dicho el portavoz del gobierno local.
ADJUDICACIÓN DIRECTA En cuanto a la adjudicación libre y directa de 16 viviendas protegidas en régimen de alquiler que este pasado jueves consumaba Emvisesa, Curro Pérez ha confirmado este extremo gracias al cual 16 familias han accedido a las viviendas acreditando su inscripción en el registro de demandantes y diversos requisitos socioeconómicos, así como haciendo cola a las puertas de las oficinas de la sociedad municipal. En ese sentido, ha defendido que estas adjudicaciones responden al procedimiento articulado por la propia ley andaluza de vivienda "cuando se agota el listado" de candidatos a una VPO tanto en el caso de los aspirantes iniciales como en el de las dos listas de suplentes. "Cuando se agota el listado, se acude a ofertas puntuales libres a través de la página web y las oficinas", ha manifestado asegurando que se trata de la segunda ocasión en la que Emvisesa recurre a este procedimiento.
Finalmente, ha defendido las actuaciones en materia de vivienda promovidas por el Gobierno municipal del PP señalando que el Ayuntamiento tiene consumado o en curso el cambio de calificación de 163 viviendas protegidas al objeto de que sean transformadas de viviendas en régimen de venta a viviendas en régimen de alquiler. En la misma línea, ha manifestado que tras la decisión de no acometer desahucios en las viviendas de Emvisesa como consecuencia de impagos por parte de los inquilinos, 112 de los mismos se han acogido a la renegociación de condiciones ofertada por la sociedad municipal. Fruto de todo ello, y según Pérez, 13 casos han sido resueltos de forma favorable con alquileres que no superan el 30 por ciento de los ingresos acreditados por los inquilinos, que afrontan una cuota mínima de 25 euros en el caso de no gozar de ingresos.
