Bloque de San Lázaro ocupado.i
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado este lunes que, a su juicio, "en los próximos días no hay que temer ningún tipo de medida" contra las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja' y sobre las que pesa una orden de desalojo forzoso dictada por el Juzgado de Instrucción número tres. En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), Zoido no espera "inconvenientes" porque las instituciones trabajan en la "línea" de las soluciones.
"Los trabajos se están efectuando conforme se había acordado. Estamos poniendo en común las posiciones y las distintas soluciones que por un lado y otro se están analizando", ha explicado el alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación, acerca de la comisión conjunta formada por el Ayuntamiento hispalense y la Junta de Andalucía para propiciar un desalojo voluntario de las viviendas, toda vez que el Juzgado de Instrucción número tres ha ordenado el desalojo forzoso de las viviendas a cuenta de un presunto delito de usurpación de las mismas y, en un segundo auto, ha instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den cumplimiento a dicha orden.
El alcalde ha manifestado que las administraciones informarán al juzgado, la Delegación del Gobierno central en Andalucía, a la Fiscalía y a 'Ibercaja' de la evolución de esta comisión conjunta, con lo que, a su juicio, "no hay que temer ningún tipo de medida en los próximos días".
En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dado curso a una demanda promovida por las familias y ha pedido a las administraciones información detallada del conflicto con un plazo que expira este mismo martes, Zoido señala que si en la próxima jornada no hay "soluciones" como tal, se le comunicará a esta institución europea "que estamos avanzando en esa línea", con lo que "por parte de Estrasburgo, no habrá ningún tipo de inconveniente en esperar a que lleguen las soluciones".
VIVIENDAS OCUPADAS DESDE 2012 Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.
Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
LA 'CORRALA UTOPIA' Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.
