Una vez más, un alcalde se limita a firmar lo que le ponen por delante. Para la concesión de una licencia de obra, se necesitan un informe técnico del arquitecto municipal y otro del asesor jurídico: sus conclusiones orientan al político, que concede el permiso. "Jamás se ha solicitado dinero a cambio de una licencia", dijo. En otros instantes del interrogatorio, declaró que no se daban licencias ilícitas en el Consistorio. De paso, reconoció que no se leía los informes: "Yo no entiendo de informes técnicos". La cita literal refleja la estrategia de su defensa: "No soy técnico, ni jurista, soy economista y malo... Por tanto, no me puedo pronunciar sobre si eso es legal o no, ni he visto jamás un informe de esto. A mí se me pone a firmar el decreto, y si tiene un reparo, hablamos y no se concede. No se dan licencias ilegales". Es decir, los técnicos elaboraban sus análisis y luego se remitían al político. Él o su edil de Urbanismo, al que le delegó las competencias en 2002, firmaban el decreto. "Nunca he permitido que se haga un decreto en contra de la ley", aseguró. El fiscal, incisivo, se mostró extrañado: "Firmaba usted sin saber", a lo que Serón opuso: "Se nos pasa un decreto, en el que se nos dice si los informes son correctos o no". Y continuó el acusador: "¿Miraba los informes técnicos y jurídicos?". Contestación del político: "No los vemos en ningún caso, nos llega un decreto redactado que firman el alcalde o el concejal". Tampoco demostró Martín Serón tener muy claro qué Plan General de Ordenación Urbana regía.
Después, el interrogatorio de la acusación se centró en tratar de encontrar una explicación a las sumas en efectivo halladas por la Udyco y la Fiscalía Anticorrupción en el despacho del alcalde y en una de sus dos viviendas. La de 7.000 euros localizada en una caja fuerte de su despacho consistorial, la explicó así: "Eran gastos de promoción del pueblo", dado que por esas fechas se preparaba la presencia anual en Fitur. En cuanto a los 64.000 euros localizados en su casa, explicó que pertenecían "a una provisión de fondos del negocio -la asesoría fiscal de su mujer- para impuestos", indicó. Sus clientes son pequeños comercios o profesionales del pueblo que siempre pagan en efectivo, aclaró. "Mi mujer y yo lo tenemos todo mezclado", señaló. Poco después fue cuestionado acerca de diversas imposiciones en efectivo en sus cuentas bancarias, dos de 9.000 euros, una de 10.000 y otra de 15.000. Serón trató de explicar, sin orden ni concierto, esas cuantías basándose en una auditoria privada. También explicó que él siempre tenía efectivo para ropa y comida. Definió como un "gravísimo error" la operación; y dijo que, desde el primer momento, trató de colaborar con el fiscal, la policía y la juez. "Somos personas honradas y decentes", recalcó.
Serón se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y cohecho. Hay 19 acusados más, entre ellos el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, y 16 empresarios que pagaron los supuestos sobornos.
