El alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca, ha sido imputado por los delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental, después de que haya quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil.
El abogado del regidor, Jose Carlos Aguilera, explicó a los periodistas que, tras declarar, Torreblanca se fue "tranquilamente", a lo que añadido que condicionará su dimisión como alcalde y diputado provincial -anunciada por él mismo en caso de ser imputado- en función de cómo avance la investigación.
"La calificación jurídica es provisional y está toda la investigación por desarrollar", recordó su letrado, que especificó que no puede confundirse un delito de prevaricación urbanística "con una mera infracción".
Fuentes del PSOE indicaron a Efe que hasta que no haya una decisión por parte del juez, el partido no tomará una decisión sobre la dimisión de Torreblanca como alcalde y como diputado provincial. Y el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, aclaró que a su juicio las declaraciones del alcalde sobre su dimisión las hizo "en unos momentos de presión política". Por su parte, desde el PP, el secretario provincial de Málaga, Francisco Salado, dijo esperar que "pueda defenderse ante un juez sin presión política y mediática, no como sucede al contrario cuando se trata de un imputado popular".
El abogado del alcalde se mostró convencido de que "difícilmente" se puede sustentar una acusación de prevaricación urbanística "cuando las licencias se otorgan con informes técnicos y jurídicos favorables", como es el caso de los expedientes investigados. "Un alcalde es incapaz de discernir hasta donde llega la legalidad desde el punto de vista técnico o jurídico de un expediente de licencia de obra", dijo.
