Dos horas de declaraciones bastaron ayer para que el juicio contra el alcalde de Lora de Estepa, Salvador Guerrero (PSOE), y el constructor y edil del PP Juan Manuel Díaz quedara visto para sentencia. Presuntamente el regidor permitió la construcción en suelo no urbanizable, pero el alcalde afirmó que sólo autorizó el cercado de la parcela. El fiscal le pide un año de cárcel y ocho de inhabilitación.
Tanto el alcalde como el edil del PP reconocieron que las concesiones de licencias para edificar en el pueblo se llevaban a cabo "verbalmente", si bien el primer edil precisó que sólo se otorgaban de dicha manera "previo pago" de las citadas licencias y porque no había "medios técnicos" para autorizarlas de otra forma. También aclaró que en el caso que se enjuicia todo fue por escrito.
Mientras que el empresario se defendió asegurando que obtuvo la autorización "verbal" del alcalde y que en el pueblo "se hace todo al terminar", el regidor negó lo anterior y reiteró a la juez que sólo autorizó el cercado de la finca de 8.000 metros cuadrados y, cuando en agosto de 2005, el personal del Ayuntamiento de Lora de Estepa le informó de que se estaba construyendo en estos suelos no urbanizables, le notificó por escrito la ilegalidad al promotor. Pero éste insistió: "El alcalde me dijo que cuando terminara las obras presentara las licencias".
Cuando salió de la sala de vistas, con el semblante más tranquilo, el mandatario se remitió a la opinión de su abogado. El letrado José Luis Parada destacó que el fiscal "mantiene la misma petición". También apuntó: "Basándonos en el artículo 320 del Código Penal, la actuación del alcalde no fue ni a sabiendas, ni injustamente, sino sin mala fe y sin dolo". El frío del mediodía sevillano les esperaba a la salida. Nada comparado con lo que se esperaba en Lora de Estepa. "Puede nevar", dijeron.
