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El alcalde era 'el organizador' de la trama de comisiones

La jueza que instruye el caso de corrupción urbanística de Estepona considera al alcalde del municipio, Antonio Barrientos, "el máximo responsable" de una estructura orientada a la "obtención de fondos" de empresarios para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición (PSOE, PA, IU y Estepona 2007) y enriquecerse personalmente". Foto: EFE.

el 15 sep 2009 / 06:50 h.

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La jueza que instruye el caso de corrupción urbanística de Estepona considera al alcalde del municipio, Antonio Barrientos, "el máximo responsable" de una estructura orientada a la "obtención de fondos" de empresarios para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición (PSOE, PA, IU y Estepona 2007) y enriquecerse personalmente". Además, la magistrada apunta que el regidor ha participado en la contratación de "numerosas personas" por motivos personales o afinidad política.

Así viene recogido en el auto de prisión de Barrientos redactado por la jueza Isabel Conejo el pasado viernes, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso este periódico. La instructora del caso Astapa es contundente en su escrito en el que justifica el ingreso provisional en la cárcel, comunicado y sin fianza, del primer edil esteponero. En él afirma que el regidor estaba al frente de una organización entorno al Ayuntamiento que se dedicaba a la obtención de fondos "de distintos promotores y empresarios", dinero que se destinaba a financiar el funcionamiento de los partidos políticos que forman el equipo de gobierno y para su enriquecimiento personal.

"Una de las principales fuentes de ingresos era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de las cantidades de dinero", explica Conejo en el auto. A ello añade que el alcalde ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas "por razones de titulación personal o afinidad política sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello".

En el documento la jueza indica que "presuntamente la contratación pública de obras y servicios públicos se ha realizado sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados". Eso no es todo porque defiende que Barrientos "ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios por dicha conducta".

Para justificar la prisión provisional sin fianza, la magistrada argumenta que existe "un peligro fundado y concreto" de fuga, de que podría destruir u ocultar pruebas o influir en las declaraciones de otras personas implicadas. En concreto asegura que se persigue "neutralizar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia y evitar el riesgo de que el imputado oculte, altere o destruya fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento". Se fundamenta en la naturaleza y la gravedad de los delitos, y la pena a la que podría enfrentarse para establecer esa posibilidad de huir. Los delitos son: cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

La ocultación de pruebas es otra base del auto de prisión. Conejo expone que "el poder" de Barrientos en este caso "resulta evidente teniendo en cuenta que se trata de una persona que por su posición dentro del Ayuntamiento y en su formación política goza de una gran influencia sobre el resto de miembros del Consistorio y empresarios de relevancia, por lo que podría llegar a interceder en las declaraciones de otras personas implicadas en los hechos o testigos".

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