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El alcalde limita la responsabilidad de la venta a Sando a los técnicos

El alcalde limitó ayer el caso de la venta del terreno de Mercasevilla a un galimatías jurídico y negó responsabilidades políticas porque ningún técnico avisó de que hubiera ilegalidades. 

el 06 oct 2009 / 19:52 h.

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  • El alcalde limitó ayer la investigación judicial sobre una de las mayores ventas de suelo público para la construcción de viviendas, la que se llevó a cabo entre 2005 y 2006 con los terrenos de Mercasevilla por 107 millones a un “galimatías jurídico” sin responsabilidades políticas, ya que los técnicos no advirtieron de ilegalidades.

    La juez instructora realiza el siguiente resumen de la actuación de los cuatro imputados en el caso de la venta de los terrenos de Mercasevilla a Sando: “Resolvieron a sabiendas de su injusticia preparar en el último trimestre de 2005 preparar un concurso público para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos predeterminado para que la oferta ganadora fuera la de la entidad Sanma, del Grupo Sando”. Esta lectura la basa en una serie de elementos incluidos en los pliegos de condiciones: una limitación al alza, preferencia por tener el derecho de superficie y una mayor puntuación en las cláusulas sociales. La investigación por estas irregularidades llevó a la juez a ordenar el registro de la Gerencia de Urbanismo donde trabajaba una de las imputadas, María Victoria Bustamante, además de realizar un análisis sobre la finalidad de más de 257.000 euros donados a la fundación por empresas o personas que participaron en el proceso, entre ellas la adjudicataria, Sando. Dos de estos elementos, las limitaciones al alza y la prioridad sobre los terrenos se incluían en los pliegos que pasaron por la comisión ejecutiva y el consejo de administración de Mercasevilla, así como por el Pleno del Ayuntamiento. Para el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, no hay responsabilidades políticas: “Los juristas que impulsaron este pliego informaron de que cumplía la ley, y en ningún momento del proceso se advirtieron ilegalidades.

    Las responsabilidades políticas se producen cuando se conoce la ilegalidad y se actúa en contra. Tomamos las decisiones de acuerdo a la información previa de las personas con conocimientos jurídicos. En ningún momento, ni PSOE, ni IU ni PP fueron informados de ilegalidades”. La argumentación del alcalde parte de una distinción. Por un lado, las grabaciones de la supuesta petición de comisiones al Grupo La Raza para acceder a una subvención de 450.000 euros, que tildó de “deleznables”. Y por otro lado, el concurso de venta de los terrenos a Sando, cuyo proceso judicial resumió como un “galimatías jurídico”, como un debate sobre la “idoneidad jurídica de algunas actuaciones”.

    De esta forma el alcalde centra las responsabilidades sobre todo en el ámbito técnico puesto que todo se basa en si unas cláusulas son justas o injustas, en si determinados requisitos del concurso respondían o no al interés general. De hecho, en las declaraciones del lunes, el economista imputado, José Antonio Ripollés, admitió su disconformidad con determinadas cláusulas y el efecto que éstas tuvieron en el concurso para desequilibrarlo a favor de Sando –como ya hiciera en su primera declaración como testigo–, pero negó que estuvieran amañadas ni que fueran una ilegalidad. En la misma sesión se aportaron pliegos de condiciones de Epsa e incluso de la Gerencia de Urbanismo que establecían cláusulas similares con el objetivo de limitar el posterior precio de las VPO a su salida al mercado.  Pese a esto, hay una imputada que, según el relato realizado ante la Policía Judicial –que debe ser ratificado hoy por el jefe de esta unidad ante el juez–, admitió que el concurso se amañó e incluso alertó de un supuesto intento de destruir pruebas por parte de Urbanismo, acusación negada por la Gerencia que aportó un informe que detalla que el cambio de ordenador estaba previsto y que toda la información se almacena en una base de datos, precisamente donde acudieron los agentes el pasado jueves para obtener datos.

    El PP respondió a estas palabras del alcalde, y acusó al regidor de querer escudarse en “técnicos  y juristas que no sabemos quienes son”. “Me cuesta mucho trabajo pensar que la mayor operación urbanística haya pasado por delante de los ojos del alcalde y que él no se enterara. Debe dar la cara”, apuntó el portavoz de la oposición, Juan Ignacio Zoido. La portavoz del Gobierno, Maribel Montaño, le respondió pidiéndole que se responsabilice del voto favorable del PP a la operación. El mismo voto que realizaron PSOE e IU.

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