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El alcalde opta por trabajos en beneficio de la comunidad para sancionar a los gorrillas que son insolventes

el 20 ago 2011 / 14:47 h.

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Juan Ignacio Zoido durante su visita a la barriada de Bami.

Guerra contra los gorrillas. Esto fue a grandes rasgos lo que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, vino a decir ayer durante una visita al barrio de Bami, una zona castigada tradicionalmente por la presencia de los aparcacoches. La fórmula para conseguirlo no es nueva, pues se trata de aplicar la ordenanza antivandalismo que se aprobó en julio de 2008. En otras palabras: que lluevan las multas.


La norma aprobada hace tres años contemplaba la práctica de los gorrillas, que calificaba como “mendicidad con coacciones”, y establecía una multa de 120 euros para quienes la ejercieran. Según el alcalde, el anterior gobierno municipal nunca la puso  en funcionamiento por completo. “La propia Policía Local, que empezó a tener una actuación continua en muchas zonas de Sevilla, veía que después las sanciones no se tramitaban”, declaró ayer Zoido.


El alcalde puso como ejemplo los datos sobre el número de multas que la Policía ha interpuesto a los gorrillas en los últimos años. Si en 2009 los agentes impusieron 978, en 2010 la cifra cayó a menos de la mitad, 429. El descenso lleva camino de ser aún mayor este año, ya que las multas hasta ahora ascienden a 131. La bajada se debe a que la Policía dejó de estar presente en las zonas donde se concentran los gorrillas. El motivo, según Zoido, es  que “se desmotivan al ver que no pasa absolutamente nada, las multas no se instruyen y no trabajan con la misma perseverancia”. El alcalde denunció que desde que se aprobó la ordenanza antivandalismo “ninguna de las multas ha sido tramitada”.


En presencia de un grupo de vecinos, Zoido se mostró tajante en su intención de “acometer la eliminación de los gorrillas” y anunció que “la Policía tiene instrucciones concretas para actuar con la misma intensidad que al principio para erradicar esta práctica”. Además, anunció también que el Ayuntamiento va a crear una oficina “a coste cero”, gestionada por funcionarios, para que se tramiten las sanciones, de forma que exista un organismo que se dedique a este asunto de manera específica.


No obstante, el problema de aplicación de la ordenanza no recae exclusivamente en la actuación de la Policía o en el trámite administrativo por el que tienen que pasar las multas, sino también en la dificultad de multar a los gorrillas, que se suelen declarar insolventes y no hacen frente a la sanción. A partir de ahora, aquellos que no disponga de medios económicos para abonar los 120 euros de multa tendrán que cambiarlos por trabajos en beneficio de la comunidad.


Los vecinos que estuvieron presentes en la comparecencia del alcalde acogieron con satisfacción  las medidas y se mostraron esperanzados con que la Policía vaya a actuar, cosa que, denuncian, no había ocurrido hasta ahora. La presidenta de la asociación de vecinos de Bami, Laura Baños, explicó que el problema de los gorrillas no se limita sólo a tener que pagarles cuando aparcan el coche sino que deriva en un problema de delincuencia y mendicidad: “Estamos hablando de personas que viven en nuestras calles y que nos roban. Yo he visto bolsos robados en las escaleras de mi casa”.


El barrio de Bami no es el único que concentra a los gorrillas, que también son habituales en zonas del Centro de la ciudad, como las inmediaciones de la Plaza de la Gavidia. El alcalde anunció que los agentes  van a actuar en estas otras zonas o en aquellas a las que se desplacen huyendo de la presión policial.


Esta misma línea de actuación basada en la presencia policial y en las multas se está siguiendo en el caso de la prostitución. Zoido anunció esta semana que las prostitutas se habían disipado del barrio de Nervión por la actuación de los agentes y que a partir de octubre se aplicará la ordenanza que persigue a los clientes con multas de hasta 3.000 euros.

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