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El alcalde rebaja las facturas falsas a delitos 'sin responsabilidad política'

En 2005, el Gobierno local entró en crisis. El pacto se tambaleó, hubo dimisiones y se cuestionó todo un sistema de trabajo en los distritos a raíz de una denucia del PA. Cuatro años después un jurado ha declarado que hubo malversación de fondos.

el 15 sep 2009 / 23:18 h.

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En 2005, el Gobierno local entró en crisis. El pacto se tambaleó, hubo dimisiones y se cuestionó todo un sistema de trabajo en los distritos a raíz de una denucia del PA. Cuatro años después un jurado ha declarado que hubo malversación de fondos. El alcalde negó ayer que haya "responsabilidades políticas" e incidió en que todo se "ha desinflado".

Alfredo Sánchez Monteseirín realizó ayer su lectura del veredicto del jurado del caso de las facturas falsas de Macarena. "Todo se ha ceñido a la actuación de una persona y de un empresario que nada tenía que ver con nosostros (...) No ha habido red, ni trama, ni financiación ilegal, ni corruptela", señaló el regidor quien negó que el Gobierno local tuviera cualquier responsabilidad en lo ocurrido en el distrito. Ni siquiera por los problemas de control advertidos durante la vista pública por la jefa de negociado del distrito o porque en el juicio se cuestionase todo el modelo de adjudicaciones de obras con la figura de los libramientos de fondos -600.000 euros- realizados antes de las elecciones municipales de 2003: "No hay responsabilidades políticas, sólo un delito, pero no una mala práctica generalizada", señaló en respuesta a los mensajes lanzados desde PA y PP pidiendo su dimisión por lo ocurrido.

Seis años después -las obras sometidas al juicio se realizaron a principios de 2003- el alcalde atribuyó lo ocurrido a la situación de la etapa anterior, del último gobierno del PA: "Los medios no eran suficientes. Nos encontramos con una situación de abandono de la ciudad y se tomaron una decisión que no pudimos administrar de la manera adecuada. Cuando lo percibimos -tras destaparse el escándalo- cambiamos todo el modelo". Monteseirín se refirió a los cambios en el sistema de adjudicaciones de los distritos y a su decisión de acudir a la Fiscalía tras investigaciones internas.

El alcalde aprovechó la comparecencia pública para desmarcarse completamente de los dos acusados. "Me sentí defraudado porque no se me dio una información adecuada sobre lo que se había hecho". Se distanció de José Marín -declarado culpable de malversación de caudales y de falsificación documental-, quien había sido su asesor en Diputación y en el Consistorio. Una persona de su confianza con quien, según aseguró, no hablado en los últimos años. También negó cualquier relación con José Pardo, empresario, militante del PSOE e implicado en el caso Guerra.

El veredicto del jurado ha dejado la malversación en 6.400 euros, en una obra no ejecutada -la demolición de los módulos de San Diego- y en cuatro parcialmente realizadas. Un balance que al alcalde le sirvió para ratificarse en las precipitadas declaraciones que realizó un día antes del veredicto - "el caso se ha desinflado política y mediáticamente", afirmó- y para subrayar que muy pequeñas - "no es lo mismo 6.000 euros que seis millones"-.

Al contrario de la imagen de hace cuatro años. El Gobierno cerró completamente filas. El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, eludió cualquier muestra de fisura: "Es poco elegante pedir explicaciones. Aquí hay dos condenados, con nombres y apellidos, no otros, y nada más que decir. Cada cual es libre de hacer la valoración política que quiera".

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