J.A.
La situación de Tussam es insostenible. Las pérdidas casi alcanzan los 80 millones de euros y eso con unas transferencias del Ayuntamiento de 63 millones. El alcalde lanzó ayer un mensaje de socorro y reclamó a la Junta de Andalucía que colabore económicamente para mantener a flote la empresa pública.
La propuesta, difundida ayer por Sánchez Monteseirín en una entrevista concedida a Radio Sevilla, parte de una reflexión realizada en los últimos meses en el seno de Tussam. El Ayuntamiento no puede soportar en solitario el coste de la empresa de transportes dado el desajuste existente entre el precio real de los billetes y lo que pagan los usuarios. Una diferencia que asume la Administración local. De ahí el llamamiento realizado por el regidor dirigido a Junta y Estado.
"Estamos trabajando en la solución para Tussam que pasa por solicitar al Gobierno de España y al de la Junta que participen en el servicio que se da a todos los ciudadanos, especialmente la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento puede abonar el 50% del coste real de los billetes a las personas empadronadas en la ciudad que abonan aquí sus impuestos, pero no a las personas que no son de Sevilla.
Lo hacemos porque es nuestra obligación como capital, pero necesitamos ayuda". Tras estas reflexiones se halla una propuesta de trabajo: la Junta debe habilitar una línea de transferencias para la empresa de transportes como la que ya tiene el Estado -no sólo en Sevilla sino también en Madrid y Barcelona-. La medida se enmarca en la lectura que realiza el Gobierno municipal de la situación actual de la empresa y que le ha llevado a adoptar ya iniciativas como la limitación de los posibles beneficiarios de las reducciones de la tarjeta mensual. Desde la implantación de las nuevas tarifas -que implicaron una subida de precios- sólo pueden acceder a estos títulos los empadronados en Sevilla.
Pero mientras la Junta estudia si esta opción es viable -desde la Consejería de Hacienda ya se han mostrado reticentes a resolver las deudas de las empresas municipales, dado el agujero que tienen en muchas capitales-, el Ayuntamiento tiene que definir soluciones de urgencia. El alcalde descartó ayer medidas como eliminar líneas o recortar los sueldos de la plantilla. Y hay otras como la operación del Prado que sigue sin arrancar, ya que Tussam no consigue cerrar la venta del edificio Diego de Riaño al grupo hotelero inglés con el que negocia desde hace varios meses. Pero sí hay vías en las que ya trabajan los técnicos de la Delegación de Hacienda, como el plan de saneamiento.
Esta medida, que ya se puso en marcha en Lipasam y que ha supuesto una reducción al mínimo posible de los gastos y de las inversiones, implicará un recorte importante en la empresa municipal de transportes. Aunque en el consejo de administración aún no se ha adoptado esta decisión, la Delegación municipal de Hacienda está prácticamente decidida a abordarla tras el verano. La fecha no es anecdótica. La empresa quería afrontar este debate con el pulso interno por el convenio colectivo resuelto y en un ambiente de paz sindical. El acuerdo laboral se cerró con una subida salarial de alrededor del 2,5% siguiendo las directrices marcadas por la Intervención para la plantilla del Consistorio.
Pero incluso para este plan de estabilidad el Ayuntamiento requiere la colaboración de la Junta de Andalucía. Este tipo de iniciativas deben ser supervisadas por la Consejería de Hacienda, que debe autorizar prácticamente todas las medidas que se tomen durante el tiempo que dure el plan. En el caso de Lipasam fue precisamente la Administración autonómica la que bloqueó una operación de refinanciación de la deuda que impedirá cumplir el objetivo de sanear la empresa en tres años. De momento, todo está pendiente de un recurso Contencioso-administrativo.
«La decisión sobre Luis Montoto está tomada»
La implantación del sentido único en la calle Luis Montoto está financiada a través del plan extraordinario de inversiones del Gobierno central. La obra está presupuestada en 5,7 millones de euros y adjudicada. Las características del Plan 8.000 implican que los proyectos apenas tienen margen de modificación y si se paralizan no se puede usar el dinero para otra iniciativa. En este contexto, y ante las protestas de un importante sector de comerciantes de la zona, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, trató de zanjar la polémica: "La decisión está tomada porque el sentido único no es un capricho del alcalde sino una propuesta dentro del modelo de ciudad. A poco que vean los resultados, se darán cuenta de que son muy buenos". El regidor sí abrió las puertas a introducir algunos cambios en el proyecto para lo que ya se ha fijado una reunión la próxima semana entre los afectados y el delegado de Movilidad, Francisco Fernández.
Los comerciantes siguen esperando una rectificación municipal: "Queremos saber cómo se va a definir el carril bus, el carril bici, la zona azul y en qué dirección irán los carriles. La calle no tiene un problema de embotellamiento y los autobuses realizan sus recorridos en menos de 8 minutos deteniéndose en todas las paradas", explicó Agustín Rodríguez, representante de los comerciantes de la zona. Entre sus propuestas figura apostar por la implantación de la zona azul como remedio para la doble fila, en vez de activar el sentido único de la circulación y reformar todo el trazado.
