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El alcalde será juzgado por las naves industriales

El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla acaba de iniciar un procedimiento contra el alcalde de Guillena, Justo Padilla (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de naves industriales en unos terrenos considerados como zona verde.

el 15 sep 2009 / 04:25 h.

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El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla acaba de iniciar un procedimiento contra el alcalde de Guillena, Justo Padilla (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de naves industriales en unos terrenos considerados como zona verde.

El proceso al regidor llega después de que la Audiencia de Sevilla haya rechazado un recurso de apelación del mismo para solicitar el sobreseimiento de la causa abierta contra él tras una denuncia de la Fiscalía de Sevilla, que pide para el munícipe tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo público.

La denuncia está fundamentada en la autorización que el regidor concedió para la construcción de naves industriales en suelos calificados como zona verde junto al polígono El Cerro de Guillena. La licencia de obras para las naves industriales se produjo de forma previa a un cambio en la calificación de estos suelos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, de forma que el permiso se dio cuando el nuevo ordenamiento estaba aprobado de forma provisional, pero no definitiva. Los jueces argumentaron en su día que el regidor estaba "haciendo caso omiso y obviando informes técnicos desfavorables" cuando concedió la licencias de obras.

Fuentes cercanas al regidor declararon a la agencia Efe que tanto la Junta de Andalucía como el Consejo Consultivo de Andalucía dieron su visto bueno a la operación tras sendas consultas y destacaron que la misma "se ajustó a la legalidad". El entorno del mandatario de este pueblo de la Vega subrayó que "administrativa y urbanísticamente" la construcción de estas naves industriales se encuentra "plenamente legalizada", toda vez que la aprobación definitiva del PGOU contemplaba este uso para el suelo mediante una permuta de las zonas verdes de El Cerro, que "incluso aumentaba los espacios inicialmente previstos".

Para el alcalde, lo que se juzga es la concesión de los permisos en un periodo de "provisionalidad administrativa", toda vez que existía "una demanda y una necesidad social" en el municipio para crear y reubicar talleres y empresas en estas naves industriales, por lo que no se esperó a la aprobación definitiva del PGOU. Insiste en que era prioritario para el municipio.

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