El alquiler de pisos y apartamentos para uso turístico en Andalucía y en el resto de España es una actividad que viene de antiguo, pero ahora con la crisis este fenómeno se ha incrementado y se ha extendido a otras zonas del territorio andaluz donde no era tan habitual. Hace unos años el arrendamiento de estas viviendas para uso turístico se concentraba en el litoral, pero ahora este fenómeno llega al interior y a las grandes ciudades. Los propietarios de los pisos perciben unos ingresos extra y los inquilinos se benefician, en términos generales, de unos precios más asequibles.
Esta situación ha provocado que los hoteleros se quejen de la competencia desleal que les hace este tipo de apartamentos que se alquilan para uso turístico y por ello vienen reclamando a la Consejería de Turismo y Comercio un decreto que regule esta situación. De este modo creen que aflorarán los alquileres alegales, que los empresarios cifran en muchos miles, aunque sin dar números concretos porque están fuera de control, «pero que pueden llegar a ser de entre el 20 y el 25 por ciento o incluso más de la oferta hotelera reglada», indicó el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), José Carlos Escribano. Según datos de la consejería, la planta de alojamientos que están regulados en Andalucía asciende a más de 400.000 plazas.
Para ordenar la situación, la Junta de Andalucía ha elaborado un borrador de un decreto que normalizará la explotación con fines turísticos de inmuebles que se alquilan en su totalidad o por habitaciones y por periodos de tiempo inferiores a un mes de estancia y durante más de 30 días al año, es decir, afecta fundamentalmente a las casas que se arriendan por días sueltos y por semanas, ya que las que se alquilan por un periodo superior a un mes están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Uno de los problemas del sector es que desde que el año pasado esta norma la modificó el Gobierno central, estas casas quedaron excluidas de la misma, para pasar a regirse por la legislación turísticas de cada comunidad autónoma.
Por ahora, sólo Cataluña tiene legalizados estos alquileres y se espera que Andalucía sea la segunda autonomía en hacerlo si se cumple el calendario fijado por la consejería, que calcula que el decreto esté aprobado para después del verano.
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, dijo que el objetivo de esta norma es que se pongan de forma legal en el mercado «estas viviendas que se alquilan para obtener fondos complementarios a la familias». Para ello, explicó que este tipo de alojamientos se deberán inscribir en el registro de turismo de Andalucía, «que es gratuito» y que les dará a los propietarios elementos para defender la actividad que realizan. Con la futura regulación también se busca, insistió Rodríguez, defender los derechos de los empleados que trabajan en estos pisos turísticos, y a los usuarios, porque se velará para que estos alojamientos tengan unos requisitos básicos de infraestructura y calidad. De hecho, una vez esté aprobada esta ordenanza será obligatorio que estos apartamentos cuando se anuncien tengan que insertar su número de registro.
Además, se contemplan sanciones para el que infrinja el futuro decreto, que incurrirá en responsabilidad administrativa, con sanciones leves, graves y muy graves, que van de los 2.000 euros a los 150.000, en base a la Ley del Turismo de Andalucía.
El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos también remarcó la necesidad de que se apruebe la ordenanza, para que se normalice la situación y deje de haber competencia desleal. Pero aclaró que con esta norma también se busca proteger al cliente, que aflore el dinero negro, que todo el sector cumpla con sus obligaciones fiscales, y luchar contra la precariedad laboral. Escribano alertó asimismo de que estas viviendas pueden no reunir unas condiciones óptimas, «por lo que está en juego nuestro prestigio, que destaca por la calidad». Respecto al decreto, demandó que el texto no sea un coladero para legalizar estos alojamientos turísticos y reclamó que se les exijan los mismos requisitos que a los hoteles, casas rurales y apartamentos turísticos que ya están regulados.
El presidente de la federación admitió que con la crisis ha aflorado el problema «porque el alquiler de pisos para uso turístico es un nicho de oportunidad», pero insistió en que es una economía sumergida que debe aflorar, para ello reclamó que haya más inspecciones por parte de Turismo, Empleo y Sanidad, «porque así ganaremos todos». También reconoció que internet ha ayudado a que este tipo de actividad se haya extendido a zonas de turismo cultural como Sevilla y Málaga, por ello dijo que con el futuro decreto al tener que inscribirse en un registro y ser obligatorio poner su número para publicitarse se sabrá qué viviendas son legales y cuales siguen regularizar.
Por su parte, los propietarios de viviendas turísticas apuestan por su regularización y desde Apartsur, la asociación de propietarios de este tipo de alojamientos, cuya actividad se centra en el alquiler por días y estancias cortas, se lucha por conseguir un marco jurídico razonable que permita el desarrollo de su actividad comercial de explotación turística. Aseguran que los apartamentos turísticos en alquiler (viviendas individuales o menos de tres en un mismo bloque) deben verse como una alternativa más al turismo y afirman que son un complemento, no una competencia desleal. Recalcan que Andalucía no tendría capacidad para alojar a todos los turistas que vienen sólo con los hoteles y hostales que existen. La asociación considera que es una buena notica que se apruebe un decreto para su regulación, pero cree que el que no esté aprobado hasta después del verano es un problema, porque corren el riesgo de seguir siendo sancionados.
