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El Alto Tribunal andaluz decidirá esta semana si el 'Caso Marta' lo juzga un tribunal profesional o bien un jurado popular

el 19 oct 2010 / 12:04 h.

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La Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Sevilla dará  traslado a lo largo de esta semana al Tribunal Superior de Justicia  de Andalucía (TSJA) de los recursos de apelación interpuestos por la  Fiscalía y por la familia de Marta del Castillo contra la decisión  adoptada por el magistrado designado para presidir el juicio con  jurado, Javier González, quien ha dictaminado que el caso sea  enjuiciado por un tribunal profesional y no por un jurado.   

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press  de que será a lo largo de esta semana, previsiblemente entre este  martes y el miércoles, cuando la Oficina del Jurado remita el asunto  al Alto Tribunal andaluz, quien deberá decidir a partir de ese  momento si la desaparición y el presunto asesinato de la joven  sevillana lo juzga un tribunal profesional, como ha determinado el  magistrado Javier González, o bien un jurado popular, como acordó  desde un principio el Juzgado de Instrucción número 4.   

Al hilo de ello, las mismas fuentes consultadas han puesto de  manifiesto que ya se ha informado a las partes que han recurrido  --Fiscalía y familia de Marta del Castillo-- al objeto de que "hagan  valer" estos recursos de apelación ante el Tribunal Superior de  Justicia de Andalucía, que deberá tomar una decisión en un caso que  es "prioritario" al tratarse, entre otros aspectos, de una causa con  preso.  

El magistrado Javier González, designado para presidir el juicio  con jurado, dictó un auto el día 13 de agosto en el que dictaminaba  que debía ser un tribunal profesional y no un jurado popular el que  enjuicie a los cuatro acusados mayores de edad, recordando que, en su  relato de los hechos, la acusación particular ejercida por los padre  "imputa a quienes considera autores de las agresiones sexuales y  muerte de la víctima --Miguel Carcaño y el menor de edad conocido  como el 'Cuco'-- haberle dado muerte para impedir que pudieran ser  descubiertos los hechos que acababan de llevar a cabo, esto es, las  agresiones sexuales".  

POSTURA DE LA FISCALIA

Respecto al Ministerio Público, explicaba que, en su escrito de  acusación, "no se pronuncia expresamente al modo de la anterior  acusación respecto de aquella relación entre las previas agresiones  sexuales y el inmediato asesinato de la víctima", aunque, no obstante  lo anterior, "su relato fáctico cobra sentido lógico desde la  perspectiva expresamente manifestada" por la acusación particular,  "habida cuenta de que al describir la conducta" de Miguel y del menor  de edad "las secuencias expresadas abogan por una actividad general  de ocultación de las violaciones".  

A modo de resumen, aseveraba el magistrado que las calificaciones  de las partes "no suscitan ninguna duda acerca de cuál era el  objetivo principal de los autores de los hechos", señalando que entre  el auto de la Sección Primera emitido el 7 de octubre de 2009 que  ratificaba que el juicio fuera por jurado y el auto emitido el 13 de  agosto se han realizado dos acuerdos por la Sala Segunda del Supremo  que defienden que la competencia del jurado se entenderá al delito  conexo siempre que se haya cometido teniendo como objetivo principal  perpetrar un delito que sea de la competencia del Tribunal del  Jurado.  

En esta línea, apuntaba que, "aplicando al supuesto de autos la  doctrina jurisprudencial enunciada, siendo los delitos fin las  agresiones sexuales, que no son competencia del Tribunal del Jurado,  y no apreciándose la concurrencia de datos que permitan apreciar la  posibilidad de un enjuiciamiento separado de tales delitos, la  competencia para tal enjuiciamiento corresponde a la Audiencia  Provincial".  

LOS RECURSOS

Esta decisión fue recurrida por el fiscal, que entendía que en  este caso concreto "no ha quedado claro" si la intención final de los  acusados era violar o acabar con la vida de la joven, recordando en  este punto el acuerdo del Tribunal Supremo según el cual "cuando  existieren dudas acerca de cuál es el objetivo principal perseguido  por el autor de los hechos objeto de las actuaciones y uno de ellos,  al menos, constituya delito de los atribuidos al Tribunal del Jurado,  la competencia se determinará de acuerdo con la que corresponda al  delito más gravemente penado de entre los imputados". De este modo, y  "como en este caso concreto no está claro cuál el fin último" de los  acusados y existen por tanto "dudas", defendía que debía tenerse en  cuenta el delito más grave, que sería el asesinato, delito que es  competencia del jurado.

Así, la Fiscalía se sumaba al recurso interpuesto por la familia  de Marta, quien solicitaba que el caso sea enjuiciado por un jurado  popular, pues "a partir de una lectura íntegra y más pausada de los  escritos de acusación formulados por esta parte y por el Ministerio  Fiscal, puede apreciarse un comportamiento criminal del acusado  principal, excepcionalmente violento, que se desarrolla en un solo  acto, lo que hace que resulte muy artificiosa la diferenciación y  prelación de propósitos, que la resolución atribuye a las acusaciones  y sobre la que se asienta su pronunciamiento final", ya que el  magistrado entiende que el objetivo final era la agresión sexual.  


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